TESIS POLÍTICAS Y PEDAGÓGICAS Coordinación: Martha Rocío Alfonso Bernal Bernarda Andrea Sandino García Jesús Alejandro Villa GiraldoNuevos Maestros por la Educación – MODEP 1 de septiembre de 2026

CONTENIDOTesis 1: Mundo en conflicto......................................................................... 3 Tesis 2: Política educativa, SGP, administración y financiación.......................... 12 Tesis 3: El papel del movimiento pedagógico en la batalla cultural.................... 18 Tesis 4: Dignificación de la carrera docente y proyecto de estatuto docente........ 22 Tesis 5: Salud y régimen especial del magisterio............................................. 23 Tesis 6: Sobre reforma estatutaria.................................................................. 26

1.1 Contexto internacional El cambio en las relaciones mundiales expresa una disputa que profundiza las contradicciones a escala global. Con la llegada de Trump a la presidencia de EE.UU., la injerencia política y el control militar del continente se consolidan como estrategias fundamentales de Washington para evitar el desmoronamiento de su poder hegemónico. A ello se suma su alianza con el sionismo de Israel, cuya presencia también avanza en América Latina mediante operaciones de inteligencia y control territorial. La aplicación de esta política colonial hacia las Américas, mediante su doctrina “Donroe” y el Escudo de las Américas, se sostiene en la amenaza armada —dirigida especialmente contra Venezuela y Colombia—, la captura del presidente Maduro, la criminalización y las amenazas contra líderes no alineados con su política, el recrudecimiento del bloqueo económico y político contra Cuba y la subordinación de gobiernos y territorios mediante fuerzas aliadas, en una relación similar a la de “vasallos”, como ocurre en El Salvador, Honduras, Argentina, Panamá y Ecuador. Todo lo anterior busca reforzar el control migratorio, las redes del narcotráfico y los recursos necesarios para mantener su hegemonía internacional. MUNDO EN CONFLICTO 2 TESIS 1: 3

4El gobierno de ADLE no representa una alternancia democrática convencional ni un simple cambio de orientación política en la administración del Estado. Su llegada al poder expresa el avance de una ultraderecha que pretende reorganizar el Estado, la economía, la sociedad y las relaciones internacionales desde una perspectiva fascista, sionista, autoritaria, patriarcal, antipopular, militarista y subordinada a los intereses estratégicos de Estados Unidos e Israel. Estamos ante un proyecto político que pretende utilizar la situación económica, la inseguridad, la polarización y el miedo para imponer una nueva correlación de fuerzas favorable a las clases dominantes y a los grandes poderes económicos nacionales e internacionales.El propio gobierno se presenta bajo las banderas de la “Patria Milagro”, la “extrema coherencia”, el “Tigre”, la “batalla cultural”, el orden, la autoridad y la seguridad. Sin embargo, detrás de esta narrativa se encuentra un proyecto de concentración del poder, reducción de derechos, militarización de la vida social y desconocimiento de la democracia liberal; un proyecto de lucha contra la izquierda y el comunismo que fortalece el capital privado y el imperialismo, y desconoce las conquistas populares, la diversidad y al pueblo. Por ello, nuestra posición es clara: somos oposición a este régimen y nos proponemos contribuir a organizar una oposición popular, democrática, revolucionaria y antifascista, capaz no solamente de resistir sus medidas, sino de construir una alternativa de poder desde los territorios. 1.2.El régimen de De la Espriella, parte del vasallaje a Estados Unidos

5 Partiendo de la ideología del gobierno de ADLE, sus alianzas sociales, su política económica, sus mecanismos de seguridad, su política exterior y la relación con las instituciones, el gobierno de De la Espriella configura una coalición entre sectores de las clases dominantes, gremios económicos, sectores tradicionales de la derecha, grupos religiosos fundamentalistas, sionistas, y sectores políticos que confluyen alrededor de una agenda de autoridad, seguridad y restauración conservadora. Su proyecto se inscribe en una lógica fascista, sinonista y patriarcal. El gobierno corresponde a una alianza entre clases dominantes tradicionales, sectores gremiales y amigos de ADLE: el núcleo es el movimiento Defensores de la Patria, apoyado por una coalición que incluye a Salvación Nacional, sectores del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, Partido de la U, Creemos Colombia y grupos cristianos. Casi la mitad de los ministros son dirigentes gremiales (representando sectores como salud, seguros, infraestructura y caña), mientras que la otra mitad son políticos tradicionales. Hay “figuras técnicas” con experiencia previa, como José Manuel Restrepo (vicepresidente, Defensores de la Patria) y Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Salvación Nacional. La batalla cultural está a cargo de Vivian Morales (Defensores de la patria) en Educación y de Paola Holguín (Centro Democrático) en Cultura. El gabinete tiene una mayor participación de la región Caribe en la historia (33%) y tiene un promedio de edad de 56 años, careciendo de representación juvenil. Como MODEP asumimos la resistencia organizada contra el fascismo y rechazamos las medidas lesivas contra el pueblo.1.2.1. Un régimen fascista, sionista y patriarcal

6Una de las principales apuestas del régimen es convertir la seguridad en el eje ordenador de la sociedad. La reactivación de los bombardeos, el desmonte de la Paz Total, la construcción anunciada de diez megacárceles, la fumigación aérea y la creación de una “Primera Línea de Seguridad” con alrededor de 80.000 reservistas y veteranos expresan una concepción según la cual los conflictos sociales, territoriales y políticos deben resolverse fundamentalmente mediante la fuerza. Aunque se presenta como “seguridad colaborativa”, su propuesta es un mecanismo de vigilancia y control político de las comunidades, particularmente en territorios donde existen organizaciones sociales, procesos campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicales, estudiantiles y populares y en aquellos, en donde avanzaron los proyectos democráticos del gobierno del cambio. . La historia colombiana ha sido clara en mostrar como la promoción y participación de estructuras civiles vinculadas a la lógica militar y de inteligencia puede fortalecer la estructuras paramilitares, grupos armados en contra de las comunidades, y de defensores y defensoras de derechos humanos. A estos se suma que ADLE ha calificado a la izquierda como un “cáncer” que debe ser “destripado” advirtiendo una apología a la eliminación política. La retórica de guerra contra la izquierda, las luchas contra el comunismo constituyen una manera de tratar al opositor como enemigo interno, sin posibilidad de disentir, organizarse, movilizarse y construir otras propuestas alternativas. Denunciamos que la organización comunitaria sea convertida en una extensión de los aparatos de inteligencia del Estado, y defendemos el derecho a pensar diferente, a organizarnos y movilizarnos por otro mundo posible1.2.2 La seguridad y la criminalización como mecanismo de control social

7El proyecto de ADLE sostiene que, para consolidar una nueva hegemonía, no basta con transformar las instituciones. También necesita disputar los sentidos, los valores y las formas de vida. Por eso ha colocado en el centro de su proyecto una denominada “batalla cultural” contra el feminismo, las diversidades sexuales, las perspectivas de género y aquello que identifica como “wokismo”. En el discurso de posesión habló de una “regeneración moral” inspirada en el Constitucional de 1886 y en figuras como Rafael Núñez y Álvaro Gómez Hurtado. Para ADLE , el disciplinamiento social promueve el orden basado en una “familia tradicional, de moral cristiana y la tradición” niega las luchas feministas, de generó y de diversidad. Tanto la campaña como en la posesión y alocuciones a presidenciales utilizar un esquema de sincretismo religioso, integró las iglesias: católicas fundamentalistas, cristianas sionistas, judíos sionistas invocando la figura de Dios y olvidando que el Estado es laico conforme a la Constitución de 1991. A la vez, promueve una agenda antiwoke, anti multilateralismo y del cumplimiento de las agendas globales de derechos humanos.Usa el poder judicial para callar la libertad de expresión mediante querellas a periodistas, la publicación de información personal (doxxing) y la propuesta de control educativo, como “sacar a Marx de los colegios”, para atacar el pensamiento crítico y eliminar la “ideología de género”. Esta ofensiva tiene consecuencias concretas: promueve una visión heteronormada, una visión sesgada de lo masculino y lo femenino, amenaza los derechos conquistados por las mujeres y las feministas, los derechos sexuales y reproductivos, las libertades de las diversidades sexo-genéricas, las políticas contra las violencias basadas en género y las políticas públicas orientadas a reconocer la diversidad social. Por ello, la lucha antifascista es inseparable de la lucha antipatriarcal. Defenderemos los derechos de las mujeres, las diversidades, las juventudes y de todos los sectores históricamente discriminados.1.2.3. La “batalla cultural”: una ofensiva contra mujeres, juventudes y diversidades

8 Señalamos que De la Espriella llega al gobierno subordinado a intereses geoestratégicos de Estados Unidos e Israel y que su incorporación al llamado “Escudo de las Américas” profundiza la subordinación regional a Washington. Las acciones y la política económica tienden a girar hacia un protectorado, como una forma de subordinación de la soberanía nacional a intereses geopolíticos externos, particularmente de Estados Unidos e Israel, combinada con una creciente militarización del poder interno. No se trataría de un protectorado formal, sino de una forma de dominación de hecho, en la que la política exterior colombiana se alinea con los intereses estratégicos de Washington —expresados, entre otros aspectos, en la adhesión al denominado “Escudo de las Américas”— mientras se profundizan mecanismos de cooperación militar, policial e inteligencia. Desde esta perspectiva, la soberanía deja de entenderse como capacidad efectiva de autodeterminación de los pueblos y pasa a estar condicionada por alianzas estratégicas y dispositivos de seguridad definidos principalmente por los Estados Unidos. A esto se suma que la cooperación internacional supone presencia y operaciones de fuerzas extranjeras convirtiendo a Colombia en aliada funcional dentro de la estrategia hemisférica de Washington. Para ADLE, la política internacional también permite una alineación ideológica, por ello, su desvinculación de los bloques progresistas y el cierre de embajadas y consulados de Cuba, Palestina, países de África, entre otros. Para integrarse a los fascistas y sionistas, abriendo relaciones con Israel y la apertura de la embajada en Jerusalén. Colombia no puede ser concebida como el “patio trasero” de Estados Unidos. Reivindicamos una política exterior soberana, latinoamericanista, internacionalista, antimperialista y orientada a la cooperación entre los pueblos. Como Nuevos Maestros por la Educación - MODEP, no podemos justificar el respaldo a políticas genocidas, de ocupación y colonialistas, ni al desplazamiento forzado o al exterminio contra el pueblo palestino. La solidaridad internacionalista con Palestina es inseparable de nuestra lucha contra el imperialismo, el colonialismo y todas las formas de dominación.1.2.5. La subordinación internacional de Colombia como plataforma de seguridad regional y eje del gobierno de Trump

9Naomi Klein (2007) ha mostrado cómo determinadas fuerzas económicas y políticas pueden aprovechar situaciones de shock —guerras, catástrofes, crisis económicas o grandes conmociones sociales— para impulsar procesos de privatización, desregulación, endeudamiento y apropiación que serían mucho más difíciles de imponer en condiciones ordinarias. Su concepto de “capitalismo del desastre” permite comprender la crisis también como una oportunidad para la reorganización de las relaciones de poder en beneficio del capital. Esta perspectiva es indispensable para una lectura política de la reconstrucción. Después de un desastre se toman decisiones fundamentales: quién controla los recursos, quién administra la ayuda, quién define las prioridades, quién construye la infraestructura, quién determina dónde se reconstruye, quién queda por fuera y cómo se organiza la población. Por ello, la reconstrucción es también una disputa por el territorio y el poder.Los desastres y las guerras son momentos de destrucción, pero también campos de disputa por la vida, el territorio, el poder y el futuro. Las fuerzas dominantes pueden utilizarlos para profundizar la acumulación, el control y la dependencia; los pueblos pueden convertirlos en momentos de solidaridad, aprendizaje, organización y construcción de nuevas capacidades materiales y subjetivas. No queremos comunidades organizadas únicamente para recibir ayuda. Queremos comunidades capaces de organizar la vida colectivamente, exigir derechos, controlar los recursos, participar en las decisiones sobre su propio territorio y construir poder sobre las condiciones materiales y sociales de sus territorios.1.2.6.Ante los desastres naturales: oponerse a la doctrina del shock

10 La discusión sobre declarar la educación como servicio público esencial y, por esa vía, restringir el derecho a la movilización y a la huelga ocupa hoy un lugar en la agenda antiderechos que busca debilitar al movimiento sindical. Las fuertes campañas de estigmatización han instalado una profunda cultura antisindical en la sociedad colombiana, que ha dejado cientos de dirigentes y activistas sindicales asesinados, exiliados, desaparecidos, desplazados o amenazados. Se trata de una violencia frente a la cual el Estado ha tenido responsabilidad, por acción u omisión, y que ha buscado acallar, desestructurar o cooptar al movimiento sindical. La violencia antisindical contra FECODE es política, histórica y sistemática: busca disciplinar al movimiento, limitar sus luchas a lo meramente gremial y restringir su participación en las decisiones políticas y programáticas del país. Precisamente en este contexto vemos cómo resurge un sindicalismo de derecha que busca representar intereses patronales, impulsa la privatización y promueve el recorte de derechos en beneficio de sectores dirigentes y empresariales. En este sentido, se propone: 1. Fortalecer el trabajo de memoria histórica para dignificar a los cientos de luchadores luchadoras que han dado la vida por educar y exigir la reparación integral del movimiento sindical, que hoy cuenta con un Plan Integral de Reparación Colectiva aprobado (Resolución 2026-500-00000559 del 5 de agosto de 2026 y Decreto 0650 de junio de 2026). 2. Activar todos los mecanismos nacionales e internacionales para defender la libertad sindical, la libertad de cátedra y el derecho a pensar diferente. 3. Transformar las prácticas sindicales para derrotar la cooptación, el clientelismo, el burocratismo y el patriarcalismo y fortalecer nuestras organizaciones. 4. Persistir en la tarea de elevar la conciencia social de las y los afiliados a FECODE, para fortalecer nuestras luchas junto con las del pueblo por la democracia, la justicia social y la soberanía.1.2.7. La libertad sindical: derechos de asociación, negociación colectiva y huelga

LA OPOSICIÓN NO PUEDE LIMITARSE A DEFENDER LO EXISTENTEEl nuevo escenario exige superar la concepción defensiva de la oposición. No basta con decir “no” a De la Espriella; debemos construir una oposición capaz de resistir, movilizar, disputar sentidos, defender derechos y construir nuevas relaciones de poder. El régimen pretende imponer sus políticas e intereses, manteniendo al pueblo silenciado. Nuestra apuesta es diferente: organizar desde ahora la capacidad popular para intervenir en el presente. La oposición popular no puede ser solo de resistencia civil; debe ser callejera, territorial, social, cultural, electoral cuando corresponda, institucional cuando sea necesario y autónoma frente al poder económico y estatal. A la vez, el llamado es a la unidad popular, en torno a la defensa de la vida, los derechos, los territorios, la soberanía y la democracia. Convocamos a las organizaciones democráticas, progresistas, revolucionarias, populares y antifascistas a construir un frente amplio de resistencia y organización popular, respetando la autonomía, la diversidad y las diferentes formas de lucha, que se exprese en las calles, en las universidades, en los barrios, en los campos, en los lugares de trabajo, en los territorios étnicos, en las organizaciones de mujeres y en todos los espacios donde el pueblo construye cotidianamente su vida. Como MODEP declaramos: 1.Somos oposición al régimen de Abelardo de la Espriella y a su proyecto fascista, sionista, autoritario, patriarcal, antipopular, militarista y subordinado a los intereses imperialistas 2.Rechazamos la militarización de la vida social y cualquier mecanismo de vigilancia comunitaria que pueda derivar en persecución política o social. 3.Defenderemos los derechos conquistados por las mujeres, las feministas, las juventudes, las diversidades, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las comunidades campesinas, los trabajadores y las trabajadoras, los sindicales y demás sectores populares. 4. Exigimos paz en los territorios y la defensa de las organizaciones campesinas y de las comunidades étnicas. 5.Nos oponemos al desmantelamiento del Estado social y a las políticas económicas que trasladan el costo de la crisis a las mayorías mientras favorecen al imperialismo. ¡Que la Crisis no la pague el pueblo!. 6.Rechazamos la profundización del extractivismo, el fracking y las políticas que ponen los territorios y los bienes comunes al servicio de las grandes empresas. Defendemos la preservación de la Casa Común. 7.Rechazamos la subordinación de Colombia a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y cualquier intento de convertir nuestro país en una plataforma militar, policial o de inteligencia de Washington en América Latina. 8. Condenamos y denunciamos el respaldo del gobierno colombiano a las políticas de ocupación, dominación y genocidio contra el pueblo palestino. 9.Exigimos que toda emergencia nacional, incluida la sísmica, sea gestionada con transparencia, control democrático y participación directa de las comunidades. 10.Convocamos a construir una oposición popular, democrática, revolucionaria y antifascista, con capacidad de movilización permanente y de construcción de alternativas. 11.Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de Otra Colombia Posible: una Colombia soberana, democrática, antipatriarcal, antirracista, anticolonial, antimperialista y fundada en la defensa de la vida. ¡Frente al fascismo, al sionismo y al patriarcado, resistencia organizada! ¡Frente a la subordinación imperialista, soberanía de los pueblos! ¡Frente a la guerra y al despojo, defensa de la vida y de los territorios! 11

122.1 Culminar la conquista del SGP: financiar derechos, blindar la educación pública y democratizar los recursos La reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, aprobada mediante el Acto Legislativo 03 de 2024, estableció el crecimiento progresivo del SGP hasta alcanzar el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación y fijó una regla esencial: no podrán transferirse competencias a las entidades territoriales sin recursos suficientes ni nuevos recursos sin las competencias correspondientes. La educación, la salud, el agua apta para el consumo humano y el saneamiento básico ocupan un lugar prioritario. Para el magisterio, esta no es una reforma técnica. Es una conquista de la lucha social en la que FECODE, sus sindicatos filiales, el magisterio y otros sectores sociales tuvieron una participación decisiva; sin embargo, sigue siendo inconclusa. El aumento del SGP solo será histórico si se convierte en derechos efectivos y en la reducción de las desigualdades territoriales. La lucha continúa: disputar la Ley de Competencias El anuncio del nuevo Gobierno de retirar el proyecto de Ley de Competencias reabre la disputa. A ello se suman los anuncios de reducir el presupuesto para la educación e, incluso, de trasladar hacia la empresa privada la búsqueda de recursos para financiar componentes que, en preescolar, básica y media, provienen esencialmente del SGP. Defender el Acto Legislativo 03 de 2024 y el crecimiento del SGP e impedir cualquier reforma regresiva, significa garantizar la financiación y la administración pública de la educación. Ahora debemos conquistar las reglas que aseguren que ese crecimiento llegue al pueblo convertido en derechos. De financiar lo existente a financiar el derecho La financiación educativa debe establecer cuánto cuesta garantizar realmente el derecho a la educación, no solo cuánto cuesta sostener el sistema existente. Ese debe ser el fundamento de una canasta educativa integral y territorializada que incluya planta docente y directiva suficiente, orientación escolar, personal de apoyo, inclusión, infraestructura, conectividad, alimentación, transporte, gratuidad y condiciones adecuadas para la educación inicial, media y ruralidad. La canasta debe reconocer que garantizar la educación cuesta más allí donde existen dispersión geográfica, pobreza estructural, ruralidad o condiciones étnicas y territoriales particulares. La igualdad material exige invertir de manera diferencial en las zonas donde las brechas son mayores. Nuestra orientación es clara: financiación nacional suficiente, redistribución territorial, administración descentralizada, garantías nacionales y control social. Más recursos exigen responsabilidad y veeduría social El principio debe ser: a mayor autonomía, mayor responsabilidad; a mayores recursos, mayor transparencia; y a mayor descentralización, mayor control por parte de las comunidades. Si una plaza está financiada y la institución necesita al docente, la administración debe explicar por qué no la provee. Si existen recursos para infraestructura, PAE, transporte o inclusión y no se ejecutan, la comunidad debe conocerlo y exigir respuestas.POLÍTICA EDUCATIVA, SGP, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN TESIS 2:

13Es necesario partir de una realidad ineludible: actualmente se libra una profunda disputa cultural a escala mundial entre proyectos políticos antagónicos. De un lado, avanzan corrientes autoritarias y de rasgos fascistas que buscan restringir derechos, justificar la represión, fortalecer el control social y reinstalar concepciones conservadoras sobre la sociedad. Del otro lado, persisten proyectos democráticos que defienden los derechos humanos, la justicia social, la igualdad y la vida digna. Diversas organizaciones empresariales han promovido una agenda sustentada en la transformación digital, la educación híbrida, los sistemas permanentes de evaluación, la gestión por resultados, la estandarización curricular, la producción de indicadores, las alianzas público- privadas y una creciente participación del sector privado en la definición de las políticas públicas de educación. A ello se suma la influencia de sectores confesionales en la orientación del sistema educativo, aspecto que genera preocupación frente al perfil político e ideológico de la nueva administración del sector y, particularmente, frente al nombramiento de la ministra entrante. No estamos ante la privatización tradicional basada únicamente en la venta de colegios públicos o en el cobro de matrículas. La privatización contemporánea opera mediante mecanismos mucho más sofisticados: plataformas tecnológicas, consultorías, operadores privados, fundaciones empresariales, certificaciones, sistemas de monitoreo, la producción de lineamientos técnicos y la transferencia progresiva de recursos públicos y de funciones estratégicas del Estado a actores privados.En consecuencia, la educación deja de concebirse como un derecho fundamental para transformarse progresivamente en un servicio sometido a criterios de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad. El riesgo no radica en el uso de la tecnología. El problema surge cuando esta deja de ser una herramienta al servicio de la pedagogía para convertirse en el eje estructurador del sistema educativo y en un nuevo mercado financiado con recursos públicos. Lo que está en juego no son solamente los recursos para artistas y gestores culturales. También están en disputa la memoria histórica, el patrimonio, las bibliotecas, las conmemoraciones, los estímulos a la cultura comunitaria y el relato que construimos como sociedad sobre nuestro pasado. Para el magisterio esto resulta especialmente importante: Educación disputa lo que se enseña y Cultura puede disputar lo que se recuerda. Por eso debemos defender la autonomía, la diversidad cultural, la memoria de las víctimas y del movimiento sindical, y mantener vigilancia y control social sobre las decisiones, presupuestos y políticas que se adopten desde estas carteras.2.2.La educación pública en disputa: lo que viene y las tareas del magisterio

14 2.3 Una arquitectura para transformar el sistema educativo La propuesta presentada por “Patria Milagro” durante el proceso de empalme reproduce buena parte de esa arquitectura. Se prioriza la construcción de marcos regulatorios para la educación híbrida, el diseño de plataformas digitales, sistemas permanentes de seguimiento, estándares de calidad, mecanismos de evaluación, lineamientos técnicos, modelos de gobernanza y nuevas formas de articulación con actores externos. La discusión, por tanto, no es tecnológica. Es profundamente política. La pregunta central es: ¿quién orientará la educación colombiana durante los próximos años y cuál será el papel del movimiento sindical del magisterio en esa disputa?

15 Los nombramientos en los ministerios de Educación y Cultura deben ser objeto de especial atención por parte del magisterio, el sindicalismo y de las organizaciones sociales. Su designación está acompañada explícitamente de la idea de dar una “batalla cultural por la Nación” y de transformar la educación en un negocio, convirtiendo la cultura en un terreno central de disputa política. Debilitamiento progresivo de la escuela pública Las propuestas que promueven la libertad de elección, los subsidios a la demanda, la cobertura contratada, los colegios en concesión o los bonos educativos terminan por trasladar recursos públicos a operadores privados. No es necesario cerrar los colegios oficiales para debilitarlos. Basta con reducirles la matrícula. Posteriormente llegan la disminución de grupos, la reorganización institucional y la pérdida gradual de plazas docentes. El magisterio convertido en un costo Cuando el lenguaje empresarial se impone en la política educativa, el docente deja de ser reconocido como sujeto pedagógico y pasa a ser tratado como un costo administrativo. A ello pueden sumarse la presión para el retiro del personal pensionable, la no reposición de plazas, el congelamiento de plantas, el incremento de la tercerización, la contratación mediante operadores, la evaluación centrada exclusivamente en resultados, el debilitamiento de los derechos laborales, la imposición de la jornada única sin condiciones adecuadas y la libertad de elección escolar mediante bonos educativos. La preocupación no radica en el retiro de quienes ya alcanzaron la pensión, sino en garantizar que cada plaza liberada continúe siendo oficial y sea provista mediante concurso público, evitando su desaparición en procesos de reorganización administrativa.2.4 Riesgos que enfrenta la educación pública

16 Nuevas formas de privatización La experiencia internacional demuestra que la privatización contemporánea ya no se produce únicamente mediante la venta de instituciones. También avanza cuando: Empresas privadas producen contenidos. Las plataformas administran procesos educativos. Fundaciones orientan programas oficiales. Operadores ejecutan funciones estatales. Organismos privados definen indicadores y estándares de calidad. Reducción del sentido democrático de la educación Una escuela organizada exclusivamente alrededor de competencias laborales, indicadores y productividad termina debilitando dimensiones esenciales de la formación humana. Se pone en riesgo la función histórica de la educación como espacio para formar ciudadanos críticos, democráticos y capaces de transformar la sociedad. Datos, plataformas y nuevos mercados La expansión de plataformas digitales plantea enormes desafíos en materia de protección de la información de niñas, niños y adolescentes. Los datos educativos constituyen hoy uno de los principales activos del capitalismo digital. Por ello, resulta indispensable garantizar la soberanía pública sobre la información educativa y evitar cualquier proceso de mercantilización de los datos estudiantiles. Riesgo para la educación laica También preocupa el debilitamiento del carácter laico de la educación pública mediante propuestas que plantean fundamentar el sistema educativo en supuestos “valores fundantes” asociados a principios religiosos y concepciones cívicas conservadoras. Ello puede afectar la libertad de cátedra, la autonomía escolar y favorecer una mayor injerencia de las iglesias en la vida cotidiana de las instituciones educativas.2.4 Riesgos que enfrenta la educación pública

17En el escenario que hoy se configura, FECODE y las organizaciones sindicales territoriales serán de los principales objetivos de quienes pretenden transformar estructuralmente la educación pública. Debilitar a FECODE facilitaría la reducción de plantas docentes, la flexibilización laboral, las reformas al régimen prestacional, la tercerización, el debilitamiento de la negociación colectiva y la expansión de operadores privados. Defender a FECODE no significa renunciar a la crítica. Significa comprender que la organización colectiva continúa siendo la principal herramienta para defender la educación pública y los derechos del magisterio. Cuando el sindicato abandona la discusión política, ese espacio es ocupado por quienes conciben la educación como un mercado y no como un derecho, lo que además reduce su capacidad de aportar a la emancipación social. Se propone: 1.Declarar la defensa irrestricta de la educación pública como derecho fundamental y responsabilidad indelegable del Estado. 2.Rechazar cualquier política que promueva la cobertura contratada, los bonos educativos, la ampliación de concesiones o cualquier mecanismo que traslade recursos públicos a operadores privados. 3.Exigir que toda plaza docente liberada por retiro, pensión o renuncia sea conservada como plaza oficial y provista mediante nombramiento en propiedad por concurso. 4.Defender integralmente el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y rechazar cualquier intento de fragmentación o eliminación de su régimen especial. 5.Exigir inversión prioritaria en infraestructura educativa, ampliación de plantas docentes, orientación escolar, bibliotecas, laboratorios, educación artística, alimentación escolar y bienestar estudiantil antes que en procesos de tercerización tecnológica. 6.Rechazar la privatización de la formación docente, de los programas de acompañamiento pedagógico y de los sistemas de apoyo institucional. 7.Defender la autonomía pedagógica y curricular de las instituciones educativas y del magisterio. 8.Exigir la participación vinculante de FECODE, de las organizaciones sindicales y de las comunidades educativas en toda reforma estructural de la política educativa. 9.Impulsar una campaña nacional de pedagogía política en todas las instituciones educativas sobre los riesgos que enfrenta la educación pública. 10.Construir una agenda permanente de movilización, debate y seguimiento frente a cualquier reforma que pretenda convertir la educación en un negocio. 11.Fortalecer la articulación con las comunidades educativas y los demás sectores sociales en defensa de la educación pública, la democracia y la vida digna.2.5 FECODE como eje de la defensa de la educación pública

18 Vivimos una disputa profunda por los sentidos, los valores y las formas de comprender el mundo. Los discursos autoritarios buscan instalar el miedo, la intolerancia, el individualismo y la idea de que la desigualdad es natural. Construyen enemigos, deslegitiman las luchas sociales, atacan la educación pública y pretenden presentar a maestras y maestros como “adoctrinadores” cuando promovemos el pensamiento crítico. Frente a esta realidad, no basta con resistir. Tenemos que disputar cultural y pedagógicamente la sociedad que queremos construir. La educación pública debe recuperar su capacidad transformadora y el magisterio debe reconocerse como sujeto político, pedagógico y cultural. En este escenario, consideramos que uno de los papeles fundamentales del Movimiento Pedagógico hoy es asumir la batalla cultural como parte de la disputa por el sentido de la educación y de la sociedad. Proponemos avanzar en las siguientes tareas:EL PAPEL DEL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO EN LA BATALLA CULTURAL TESIS 3:

193.2 Dar la batalla por el pensamiento crítico La escuela debe proporcionar herramientas para cuestionar los discursos que naturalizan la desigualdad, la discriminación y el autoritarismo. Frente a las noticias falsas, la manipulación mediática y los discursos de odio que circulan por las redes sociales, debemos enseñar a preguntar, contrastar la información, argumentar, investigar y construir posiciones propias. La alfabetización digital crítica debe convertirse en una tarea pedagógica fundamental de nuestro tiempo. 3.3 Recuperar la memoria histórica No podemos permitir que se borre, tergiversen o reescriban la historia. La escuela debe contribuir a que las nuevas generaciones conozcan las consecuencias de la violencia y el autoritarismo, pero también las luchas populares, sindicales, estudiantiles, sociales y comunitarias que han permitido conquistar derechos.3.4 Cuidar la vida, el ambiente y la diversidad El negacionismo frente a la destrucción ambiental constituye un eje central de los nuevos contextos de la derecha y sirve de base para justificar la explotación de territorios protegidos por su biodiversidad y fundamentales para la vida y la supervivencia del planeta. El magisterio, desde su práctica pedagógica, no debe cejar en reconocer esta necesidad y en organizarse con distintos sectores del pueblo para defender la vida, el ambiente y los territorios. 3.5 Construir nuevos sentidos comunes La batalla cultural no consiste solamente en denunciar aquello que rechazamos. Tenemos que ser capaces de construir y hacer cotidianos otros valores: Frente al individualismo, solidaridad. Frente a la competencia, cooperación. Frente a la discriminación, diversidad. Frente al autoritarismo, democracia. Frente al “sálvese quien pueda”, organización y comunidad. La pedagogía debe contribuir a construir una cultura basada en el bien común, los derechos humanos y la justicia social.3.1 Recuperar la pedagogía como herramienta de transformaciónDebemos volver a preguntarnos para qué educamos y para qué sociedad educamos. La escuela no puede reducirse a transmitir contenidos, llenar formatos, responder pruebas estandarizadas o preparar personas exclusivamente a las personas para el mercado laboral. Necesitamos una educación que forme sujetos críticos, autónomos y capaces de comprender su realidad para transformarla.

203.6 Reconstruir el tejido escolar y comunitario Necesitamos volver a encontrarnos. La fragmentación de las comunidades educativas, el individualismo y la competencia han debilitado los vínculos entre estudiantes, docentes y familias. Debemos impulsar proyectos pedagógicos colectivos que vinculen la escuela, las familias, las organizaciones sociales y los territorios, recuperando la educación como espacio de solidaridad, participación y construcción de comunidad. 3.7 Recuperar al maestro y la maestra como intelectuales críticos No somos simples ejecutores de currículos, formatos o políticas educativas. Las maestras y los maestros producimos conocimiento, interpretamos nuestra realidad y construimos alternativas pedagógicas. Por eso necesitamos recuperar nuestra autonomía, liderazgo pedagógico y capacidad de reflexión colectiva, superando la burocratización y la “formatitis” que han terminado por desplazar la discusión pedagógica de nuestras escuelas.3.8 Hacer de la escuela un espacio de resistencia y creación cultural La escuela pública debe ser un lugar donde circulen otras narrativas, otras preguntas y otras formas de comprender el mundo. Necesitamos promover la literatura, el arte, la música, la historia, la comunicación, la investigación escolar, la organización estudiantil y los proyectos pedagógicos como herramientas para disputar culturalmente nuestros territorios. No se trata únicamente de defendernos frente a los discursos autoritarios. Tenemos que producir cultura, conocimiento, pensamiento y alternativas. 3.9 Defender la educación pública también desde la pedagogía Defender la educación pública no significa solamente luchar por presupuesto, infraestructura, salarios y condiciones laborales, aunque estas reivindicaciones sean fundamentales. También significa disputar qué educación queremos, para qué sociedad educamos y qué seres humanos queremos contribuir a formar. Debemos rechazar una educación subordinada exclusivamente al mercado, a la competencia y a la estandarización, y defender una educación entendida como derecho, bien común y herramienta para la transformación social.3.1 Recuperar la pedagogía como herramienta de transformación

21Todas estas tareas deben encontrar en el Movimiento Pedagógico un espacio de reflexión, organización y construcción colectiva. El Movimiento Pedagógico no puede entenderse únicamente como una experiencia histórica del magisterio ni reducirse a una discusión sobre métodos de enseñanza, el currículo o la innovación educativa. En las actuales condiciones debe recuperar toda su dimensión política, cultural, pedagógica y transformadora. Si la batalla cultural disputa los sentidos comunes, los valores, las maneras de interpretar la realidad y los horizontes de la sociedad, el Movimiento Pedagógico debe volver a convertirse en una fuerza capaz de intervenir en esa disputa. Esto significa recuperar la reflexión pedagógica colectiva en las escuelas; fortalecer la autonomía y el liderazgo de maestras y maestros; producir pensamiento pedagógico propio; impulsar proyectos vinculados a las realidades de los territorios; defender la memoria histórica, los derechos humanos y la diversidad; y construir alternativas frente al individualismo, la competencia y la mercantilización de la educación. También implica reconstruir el vínculo entre escuela, comunidad, territorio y organización social, haciendo de la pedagogía una herramienta para comprender los problemas de nuestro tiempo y construir colectivamente respuestas a ellos. Necesitamos un Movimiento Pedagógico que vuelva a colocar a las maestras y los maestros como intelectuales críticos, productores de conocimiento y sujetos de transformación, recuperando el liderazgo pedagógico que la burocratización, la estandarización y la sobrecarga administrativa han pretendido arrebatarnos. Dar la batalla cultural desde la educación significa, entonces, recuperar el sentido profundo del Movimiento Pedagógico: disputar qué se enseña, cómo se enseña, para qué se educa, qué valores construimos y, fundamentalmente, qué sociedad queremos contribuir a transformar.3.10 Recuperar y fortalecer el Movimiento Pedagógico

1.Impulsar un Estatuto Docente que avance en la superación de la fragmentación del magisterio y garantice derechos laborales, profesionales y prestacionales, respetando las particularidades y conquistas de los distintos sectores docentes. 2.Garantizar la estabilidad laboral y el ingreso a la carrera docente mediante mecanismos públicos, transparentes y con plenas garantías, evitando la precarización, la provisionalidad permanente y las formas de tercerización del trabajo docente. 3.Establecer un sistema de ascenso y reubicación que reconozca la experiencia, la formación, la producción pedagógica y el ejercicio profesional, y que no convierta la evaluación en un mecanismo punitivo o de exclusión. 4.Defender un salario profesional digno, un régimen prestacional garantista y condiciones laborales que reconozcan la responsabilidad social, pedagógica e intelectual de las maestras y los maestros. 5.Reconocer la formación y la actualización docente como un derecho, con financiación estatal, tiempos institucionales y garantías de acceso a programas de formación posgradual, de investigación e innovación pedagógica. 6.Garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la profesión docente, incluyendo el bienestar laboral, la salud y la seguridad en el trabajo, la reducción de la sobrecarga administrativa, el respeto a la autonomía pedagógica y condiciones dignas en los territorios rurales y urbanos. 7.Reactivar la Comisión Tripartita con participación efectiva de FECODE, el Ministerio de Educación Nacional y el Congreso de la República, asegurando que el proyecto de Estatuto sea discutido ampliamente con el magisterio antes de su trámite legislativo.DIGNIFICACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE Y PROYECTO DE ESTATUTO DOCENTE 2 TESIS 4:La carrera docente se ha dividido en varios sectores que mantienen luchas diferenciadas. FECODE ha debatido durante veinte años la necesidad de avanzar en la construcción de un Estatuto Único, propuesta que posteriormente se amplió ante el surgimiento de iniciativas de estatutos para los pueblos indígenas y afrodescendientes. El Estatuto Docente busca superar la fragmentación derivada de los Decretos Ley 2277 de 1979 y 1278 de 2002, con el propósito de dignificar la profesión docente y reconocer las prácticas pedagógicas, la formación, la estabilidad laboral, el salario profesional y las condiciones necesarias para el ejercicio de la profesión. Durante las asambleas federales se ha discutido ampliamente esta propuesta, que recoge las aspiraciones generales del magisterio colombiano. Por lo tanto, acogemos la iniciativa de activar la Comisión Tripartita, integrada por FECODE, el Ministerio de Educación Nacional y el Congreso de la República, para concertar el proyecto y avanzar en su trámite. En este sentido, proponemos: 22

23 5.1 Defender la conquista, transformar el modelo y poner el derecho a la salud y a las prestaciones sociales por encima de gobiernos, operadores y negocios El régimen especial de salud del magisterio y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio constituyen conquistas históricas que debemos defender. Al mismo tiempo, es importante hacer un balance de la Ley 91 de 1989 y determinar qué aspectos deben ajustarse para garantizar de manera efectiva los derechos de todo el magisterio. La Ley 91 de 1989 creó el FOMAG para garantizar las prestaciones sociales y los servicios médico-asistenciales de los docentes y sus beneficiarios y mantuvo al magisterio por fuera del régimen general de salud. La coexistencia de un régimen pensional especial para parte del magisterio vinculado bajo el Decreto 2277 de 1979 y de condiciones exceptuadas para docentes vinculados bajo el Decreto 1278 de 2002, así como las diferencias en la liquidación de cesantías, generan debates permanentes sobre las posibilidades de unificar derechos dentro de los marcos constitucionales. Estas diferencias deben revisarse con rigor para trazar luchas concretas, viables y efectivas. La defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) exige revisar la administración que, durante décadas, ha estado a cargo de la Fiduprevisora. Han persistido prácticas e ineficiencias que afectan la liquidación y el pago oportuno de prestaciones y que han favorecido circuitos de intermediación y negocio. Asimismo, la concentración de la prestación de servicios de salud en determinados actores y las dificultades para introducir cambios evidencian problemas de administración y control que han afectado los recursos del Fondo y que deben ser enfrentados por el conjunto del magisterio. Defender el régimen especial no significa defender una fiduciaria, un operador, un contratista, un funcionario o un modelo administrativo determinado. Fiduprevisora administra los recursos del Fondo, pero no es el FOMAG.SALUD Y RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAGISTERIO TESIS 5:

245.2 Ni regresar al viejo modelo ni defender acríticamente el actual La crisis de la salud del magisterio no comenzó en 2024. Durante décadas se acumularon barreras de acceso, problemas con medicamentos y especialistas, concentración de la prestación en operadores regionales, dificultades contractuales, litigiosidad y debilidades en el control. Por eso era necesaria una transformación. La documentación revisada confirma que los problemas son anteriores al nuevo modelo y de carácter estructural. El Acuerdo 003 de 2024 buscaba acabar con el monopolio y la integración vertical, y garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, en la práctica, las disputas entre prestadores y la falta de decisiones políticas oportunas en la dirección de Fiduprevisora dificultaron su implementación. Reconocer las fallas anteriores no obliga a negar las dificultades de la transformación iniciada en mayo de 2024. Antes de su puesta en funcionamiento ya existían advertencias sobre contratación, logística y conformación de la red; posteriormente persistieron problemas de citas, medicamentos, especialistas, autorizaciones, contratación y continuidad. Por eso, FECODE debe rechazar dos salidas falsas: volver a un sistema dominado por grandes intermediarios regionales o convertir la defensa del nuevo modelo en una defensa acrítica de sus resultados. Lo que funciona debe preservarse; lo que no funciona debe corregirse; y aquello que ponga en riesgo el derecho a la salud debe transformarse. 5.3 Defender el régimen especial frente a cualquier intento de desmontarlo Las dificultades actuales no pueden convertirse en un argumento para trasladar al magisterio al Sistema General de Seguridad Social en Salud ni para utilizar los recursos del FOMAG para la financiación de obligaciones ajenas al régimen especial. Esta debe ser una línea que no se puede cruzar. Pero la mejor defensa del régimen no consiste en negar sus problemas. Al contrario, un sistema que no corrige sus fallas termina ofreciendo argumentos a quienes quieren desmontarlo. Nuestra respuesta debe demostrar que el modelo planteado en el Acuerdo 003 de 2024 puede garantizar mejores condiciones, mayor integralidad, verdadera prevención, atención territorial y control colectivo sobre los recursos. La defensa sindical debe ser inequívoca: ni traslado obligatorio al régimen general, ni reducción del plan de beneficios, ni copagos, ni cuotas moderadoras, ni utilización de los recursos del magisterio para financiar otros sistemas. FECODE no debe ubicarse frente al FOMAG únicamente como organización reclamante. Su participación en las instancias de dirección implica también una responsabilidad frente al magisterio. Nuestros representantes deben informar periódicamente sobre qué posiciones han defendido, qué decisiones se han adoptado, cuál es el estado financiero y contractual del modelo y qué acciones se adelantan frente a sus fallas. Debemos avanzar hacia un sistema nacional de control sindical de la salud, articulado con las filiales y los territorios, que permita dar seguimiento a las redes, los medicamentos, los tiempos de atención, la contratación, la cartera, las quejas y los recursos. La propuesta de crear mecanismos nacionales de veeduría y observación permanente del FOMAG responde a esa necesidad.

5.4 Mandato para la nueva etapa La Asamblea General Federal debe convocar a defender la Ley 91 de 1989, el FOMAG y el régimen especial de salud; rechazar cualquier traslado de afiliados o recursos al régimen general; evaluar y corregir el Acuerdo 003 de 2024 a partir de sus resultados reales; fortalecer o transformar la capacidad administrativa necesaria para operar el sistema; garantizar una red territorial suficiente, libre elección efectiva, medicamentos y continuidad de tratamientos; proteger las condiciones especiales conquistadas; establecer trazabilidad integral de los recursos; impedir monopolios, conflictos de interés y cualquier captura económica o política del Fondo; y desarrollar un sistema permanente de control sindical, participación y rendición pública de cuentas. La defensa del régimen especial no puede confundirse con la defensa de quienes lo administran. No defendemos a Fiduprevisora, a un operador ni a un gobierno. Defendemos la conquista del magisterio y exigimos que toda su arquitectura esté al servicio de un único propósito: garantizar de manera efectiva nuestro derecho a la salud.25

LPor lo tanto, cualquier reglamentación no puede generar acciones de tutelaje ni de invisibilización. Las mujeres deben visibilizarse desde sus candidaturas y campañas, y no mediante mecanismos que engañen al elector, como colocar a un hombre en el primer renglón para que posteriormente ceda su lugar. En coherencia con estos principios, la reforma establece, para la elección del Comité Ejecutivo de FECODE, la aplicación de la ley de cuotas, con un mínimo del 35 %, equivalente actualmente a por lo menos cinco mujeres en el Comité Ejecutivo, dejando expresamente abierta la posibilidad de que sean elegidas en un número mayor. Sin embargo, el cumplimiento del 35 % no puede entenderse como el punto de llegada. Debe asumirse como un piso mínimo desde el cual el movimiento sindical avance decididamente hacia la paridad efectiva entre mujeres y hombres en los organismos de dirección, representación y toma de decisiones. Por ello, las organizaciones filiales debemos armonizar nuestros estatutos y nuestras prácticas con los principios aprobados por la Asamblea General Federal. La reforma estatutaria y la ley de cuotas no pueden quedar únicamente como declaraciones formales: deben materializarse en la composición real de las direcciones sindicales y en garantías efectivas para la participación de las mujeres. En consecuencia, proponemos avanzar progresivamente del cumplimiento obligatorio de la cuota mínima hacia una composición paritaria —50/50— de los organismos de dirección y representación sindical, garantizando que la representación de las mujeres sea directa, efectiva y no susceptible de sustitución o delegación, eliminando las barreras que históricamente han limitado la participación de las maestras. Este propósito no constituye una concesión ni una medida secundaria. Es el desarrollo consecuente de un mandato de la Asamblea General Federal y de los principios de igualdad, equidad y participación establecidos en la propia reforma estatutaria. Cumplir la reforma es cumplir las decisiones democráticas de nuestra máxima instancia sindical; avanzar hacia la paridad es profundizarlas.SOBRE REFORMA ESTATUTARIA 2 TESIS 6: 26LLEY DE CUOTAS, REFORMA ESTATUTARIA Y AVANCE HACIA LA PARIDAD a reforma estatutaria de FECODE, aprobada por la XXI Asamblea General Federal realizada en Cali en 2022 y por la I Asamblea General Federal Extraordinaria realizada en Bogotá en 2023, constituye un mandato de la máxima instancia de dirección de nuestra Federación. Por tanto, sus decisiones deben ser aplicadas, desarrolladas y cumplidas por FECODE y sus sindicatos filiales, avanzando en la adecuación de sus estatutos, reglamentos, prácticas y estructuras organizativas. La reforma incorporó expresamente la igualdad y la perspectiva de género como principios fundamentales de la organización sindical. Establecer la obligación de promover una política de igualdad de género en FECODE y sus filiales, fomentar la participación activa de las maestras en las instancias de dirección y representación, superar las desigualdades por razones de género y reconocer, empoderar e impulsar la participación de las mujeres en la vida sindical.

6JESUS ALEJANDRO VILLA GIRALDOBERNANDA ANDREA SANDINO GARCÍAMARTHA ROCIO ALFONSO BERNALCONSTRUCCIÓN COLECTIVA COORDINADA POR