funciones y facultades de los concejos municipalesCartilla digital - Secretaría General Gobernación de Antioquia - Dirección de Asesoría LegalCartilla digital - Secretaría General Gobernación de Antioquia - Dirección de Asesoría Legal

Índice 1. Razón del proyecto 2. ¿Por qué facultades y funciones? 3. Primera parte 3.1 Bases teóricas 3.2 Postulados principales que rigen la función administrativa 3.3 Sobre los municipios 3.4 Autoridades municipales 3.4.1 El Alcalde 3.4.2 El Concejo Municipal 3.4.3 Los concejales 4. Segunda parte 4.1. Expedición de acuerdos 4.2. Planeación de desarrollo 4.3. Ordenamiento territorial 4.4. Presupuesto, tributos y beneficios tributarios 4.5. Autorizaciones al alcalde 4.6. Facultades pro tempore, delegación y facultades vencidas 4.7. Bienes inmuebles 4.8. Estructura administrativa, empleo y salarios 4.9. Control político 4.10. Función electoral y órganos de control 4.11. Patrimonio cultural y ecológico 4.12. Participación ciudadana y asociatividad 2

Razón del proyecto Esta guía nace luego de evidenciar la falta de aplicación y claridad en normas que delimitan las facultades y funciones de los Concejos Municipales y demás autoridades locales de los municipios, con el fin de tenerlas recopiladas en una sola cartilla, de manera literal y explicativa para un mayor entendimiento y aplicación correcta por partes de los concejos. Y, a pesar de que ya existe una normativa completa que regula estas facultades y funciones, esta se encuentra dispersa por el Ordenamiento Jurídico en diferentes leyes, además de estar escrita con un lenguaje estrictamente jurídico que muchas veces no es claro para los ciudadanos, quienes en últimas, son los que pueden ser concejales según los presupuestos que da la Ley. Es por esto que, aunque la primera parte cuente con acápites sobre los municipios y los alcaldes, estos son espacios cortos que buscan seguir orientando la lectura a las funciones y facultades de los concejos a partir de la distinción entre una figura y otra, pero que aún así se consideran importantes para el tema, por lo que se abarcan pero no de manera profunda. La segunda parte de esta cartilla es donde se encuentran las facultades y ¿Por qué facultades y funciones?Aunque son categorías complementarias, su diferenciación es importante toda vez que la facultad dota a la función de sentido, y sin facultad no hay función que se pueda ejercer válidamente. La facultad se entiende como la potestad o competencia, en este caso, que la Constitución y la Ley le otorga a los Concejos Municipales como corporaciones y entes territoriales colegiados, para realizar algo. La función en cambio, es ese algo que los Concejos están facultados y deben de realizar, que consiste en un hacer específico. funciones, dividiéndolo por temas que comparten, es decir que, en vez de hablar de las funciones y las facultades por separado, se busca el relacionamiento directo de estas y de la normativa vigente, por lo que cada tema se divide en los acápites de: · Normativa vigente sobre el tema específico · Función, facultad y límite del Concejo · Explicación Estos últimas dos, cuentan con signos de exclamación para ubicarlos más rápido. 3

Primera parte Bases teóricas Para llegar a la clasificación territorial de los municipios, hay que entender de donde sale. La Constitución Política define a Colombia en su primer artículo como “un Estado social de derecho, organizado como República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Las entidades territoriales, son entidades político-administrativas con personalidad jurídica, que gozan de cierta autonomía para la gestión de sus intereses, establecida en la Constitución y la Ley. Estas entidades son: · Departamentos · Municipios · Distrititos · Territorios indígenas Y se definen por tres criterios básicos que menciona el artículo 287 de la Constitución: Político: gobernarse con autoridades propias, elegidas en el territorio. Administrativo: ejercer las competencias que les corresponden. Fiscales: administrar sus recursos, establecer los tributos necesarios y participar en las rentas nacionales. Principios de la administración Coordinación: parte de la existencia de competencias concurrentes entre distintas autoridades estatales, lo que implica un ejercicio armónico para que las acciones de los distintos órganos sea complementaria y conducente a los fines estatales. Complementariedad: los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios, en pro de mejorar la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos locales. 4

Subsidiariedad: responde a un criterio para la distribución y el ejercicio de las competencias. Las atribuciones de competencias por ende, deben realizarse en el nivel más próximo al ciudadano, es decir que, las autoridades de mayor nivel de centralización solo intervendrán en los asuntos propios de las instancias inferiores cuando estas sean incapaces o ineficientes. Responsabilidad y transparencia: las autoridades promoverán el control social y la veeduría de la gestión pública. Participación: las autoridades garantizarán el acceso de los ciudadanos a lo público para que los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones. Eficacia: se refiere a la efectividad en el logro de los cometidos y fines de las actuaciones administrativas. Depende de que se logren los propósitos o metas que se establezcan. Eficiencia: optimización del uso de los recursos financieros, humanos y técnicos que les permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo. Publicidad y transparencia: los actos de la administración municipal son públicos y es obligación de la misma, facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización. Economía y buen gobierno: buscará garantizar su autosostenibilidad económica y fiscal. Sobre los municipios Según la Ley 136 de 1994 son entidades territoriales que tienen como finalidad principal el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio (Ley 136 de 1994, art. 1, modificado por la Ley 1551 de 2012). El artículo 311 de la Constitución establece: “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes” 5

Dirigir la acción administrativa, nombrar y remover a sus funcionarios. Presentar al concejo los proyectos de acuerdo sobre el plan de desarrollo, obras públicas y presupuesto. Sancionar y promulgar los acuerdos aprobados u objetarlos. Crear, suprimir o fusionar empleos de su administración y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos. Conservar el orden público y representar al municipio. Autoridades municipales*Al esta cartilla tratarse específicamente de las facultades y funciones de los Concejos Municipales, solo se mencionará al alcalde de manera general y no se ahondará en sus facultades y demás El alcalde Es el jefe de la administración local y representante legal, según el artículo 315 de la Constitución, artículo que también dicta sus funciones así como el artículo 91 de la Ley 134 de 1994, modificado. Las facultades que más se cruzan con el concejo son: Según el artículo 86 de la Ley 136 de 1994, “Para ser elegido alcalde se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la área correspondiente metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.” El concejo municipal Según el capítulo III de la Ley 136 de 1994, es una corporación pública, de naturaleza político-administrativa y de elección popular, que carece de personalidad jurídica propia. Se encarga del cumplimiento de funciones y del desarrollo de actividades consideradas como públicas, de interés público, que pertenecen e interesan a todos los asociados. 1. Las decisiones son tomadas por sus miembros con carácter colegiado, como una sola autoridad, y no en forma individual o personal por cada uno de ellos 2. Las facultades y funciones pertenecen a los Concejos, como corporación, y no a los concejales como servidores públicos ni como individuos. 6

Los Concejos Municipales tendrán un número de integrantes, según su número de habitantes así: Municipios que no excedan los 5.000 habitantes De 5.001 a 10.000 habitantes De 10.001 a 20.000 habitantes De 20.001 a 50.000 habitantes 7 concejales 11 concejales 9 concejales 13 concejales 7

De 50.001 a 100.000 habitantes De 100.001 a 250.000 habitantes De 250.001 a 1'000.000 habitantes 15 concejales 19 concejales 17 concejales 21 concejales De un millón en adelante 8

Categoría Primer año Otros años Especial, primera y segunda 2 de enero al último día de febrero 1º de marzo a 30 de abril 1º de junio a 31 de julio 1º de octubre a 30 de noviembre Tercera, cuarta, quinta y sexta Febrero, mayo, agosto y noviembre Febrero, mayo, agosto y noviembre Reglamento interno Cada concejo expide el suyo: comisiones, actuación de los concejales, validez de las convocatorias y de las sesiones. Validez de las reuniones Una reunión de los concejales para ejercer funciones del concejo, hecha por fuera de las condiciones legales o reglamentarias, no tiene validez y sus actos no producen efectos. Periodo de sesiones de los concejos según el artículo 23 de la Ley 136 de 1994: Cada periodo ordinario puede ser prorrogado por diez (10) días calendario más, a voluntad del respectivo concejo. Las sesiones por fuera de estos periodos, serán extraordinarias y deben de ser convocadas por los alcaldes y tratarse exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración. De las sesiones de los concejos y sus comisiones permanentes, el Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán los temas debatidos, las personas que hayan intervenido, los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas, resultado de votación y las decisiones adoptadas. Los concejos deberán publicar sus actos a través del medio que consideren oportuno, siempre y cuando ellos garanticen la efectividad de su difusión a la comunidad. 9 Cómo funciona por dentro

Los concejales Según el capítulo IV de la Ley 136 de 1994, los requisitos para ser elegido concejal son dos. Ser ciudadano en ejercicio, y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época (art. 42, Ley 136 de 1994). Inhabilidades Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista, diputado o concejal; o haya sido excluido del ejercicio de una profesión o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal: 10 Comisiones Hay comisiones permanentes que rinden informe para primer debate. Cada concejal pertenece solo a una, y además se crea la Comisión para la Equidad de la mujer. Mesa directiva Un presidente, dos vicepresidentes, cada uno elegido por separado para un año. Los partidos que se declaren en oposición al alcalde participan en la vicepresidencia, y no hay reelección consecutiva. Actas El secretario levanta actas con los temas debatidos, las personas que intervinieron, las proposiciones, las votaciones y las decisiones. Se aprueban al abrir la siguiente sesión y se publican en medio físicos o electrónicos accesibles. Publicación de actos Los actos del concejo se publican por el medio que garantice su difusión efectiva.

Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; ni quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito; tampoco quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o en las entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiario en el respectivo municipio o distrito. Quien tenga vínculo por matrimonio, unión permanente o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiario en el respectivo municipio o distrito. Quien tenga vínculo por matrimonio, unión permanente o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha (Art. 43, Ley 136 de 1994). Incompatibilidades Una vez el ciudadano sea elegido como concejal, no podrá: Aceptar cargo alguno en la administración pública (Art. 291, Constitución Política). Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que se establecen posteriormente (Art. 45, Ley 136 de 1994). Ser miembro de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo (Art. 45, Ley 136 de 1994). 11

Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derechos privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de este (Art. 45, Ley 136 de 1994). Ser representante legal, miembro de juntas o consejos directivos, auditor o revisor fiscal, empleado o contratista de empresas que presten servicios públicos o domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio (Art. 45, Ley 136 de 1994). De igual manera, los concejales cuentan con excepciones a estas incompatibilidades para que de forma directa o por medio de apoderado puedan actuar sobre: a) Las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan interés. b) Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas de multas que graven a las mismas personas mencionadas en el literal anterior. c) Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten. d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Aunque, durante su período constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del orden municipal y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más de cincuenta por ciento (50%) del capital (Art. 46, Ley 136 de 1994). Estas incompatibilidades tendrán vigencia hasta la terminación del período constitucional respectivo, y en caso de renuncia, estas se mantendrán por los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior (Art. 47, Ley 136 de 1994). Prohibiciones Obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeúntes, a contribuir con dineros o servicios para fiestas o regocijos públicos. Aplicar o destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos del servicio público. Intervenir, tomar parte del trámite o de la decisión en asuntos que no sean de su competencia. Dar votos de aplauso o de censura a actos oficiales. Sin embargo, podrán pedir la revocación de los que estimen ilegales o inconvenientes, exponiendo los motivos en que se funden. 12

Y, en cuanto a los parientes (cónyuges, compañeros permanentes, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil) no podrán: Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente municipio. Ser miembros de juntas directivas, representantes legales revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio. Ser designados funcionarios del respectivo municipio o de sus entidades descentralizadas. Ser contratistas del respectivo municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente. Exceptuando los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas sobre carrera administrativa, y tratándose de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, estas prohibiciones solo se aplicarán a los cónyuges, compañeros permanentes, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil. Sobre las faltas absolutas y temporales El artículo 51 de la Ley 136 de 1994, establece que son faltas absolutas de los concejales: La muerte; la renuncia aceptada; la incapacidad física permanente; la aceptación o desempeño de cualquier cargo o empleo público, de conformidad con lo previsto en el artículo 291 de la Constitución Política; la declaratoria de nulidad de la elección como concejal; la destitución del ejercicio del cargo, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación como resultado de un proceso disciplinario; la interdicción judicial; y, la condena a pena privativa de la libertad. Y, el artículo 52 de la misma ley, establece que son faltas temporales de los concejales: La licencia; la incapacidad física transitoria; la suspensión del ejercicio del cargo a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, como resultado de un proceso disciplinario; la ausencia forzada e involuntaria; la suspensión provisional de la elección, dispuesto por la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, la suspensión provisional del desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario o penal. 13

Adicionalmente, los concejales no tendrán suplentes. Estos solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral (Acto Legislativo 2 de 2015 que modifica el artículo 134 de la Constitución Política). En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; delitos dolosos contra la administración pública; delitos contra los mecanismos de participación democrática; y delitos de lesa humanidad. Ni quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos. Según el parágrafo transitorio del artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2015, dan lugar a reemplazo: La muerte; la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo; la declaración de nulidad de la elección; la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución; la pérdida de investidura; la licencia de maternidad; la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los ya mencionados. Renuncia el artículo 53 de la Ley 136 de 1994 menciona que “La renuncia de un concejal se produce cuando él mismo manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de hacer dejación definitiva de su investidura como tal. La renuncia deberá presentarse ante el Presidente del concejo, y en ella se determinará la fecha a partir de la cual se quiere hacer. La renuncia del Presidente del Concejo, se presentará ante la mesa directiva de la corporación.” 14

Será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, y puede darse por la siguientes causales establecidas en el artículo 55 de la ley 136 de 1994 : “1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con el artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie renuncia previa, caso en el cual deberá informar al Presidente del Concejo o en su receso al alcalde sobre este hecho. 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses. 3. Por indebida destinación de dineros públicos. 4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.” Conflicto de interés Si hay un conflicto de interés en la decisión que esté sometida a debate, ya sea porque afecte al concejal en cuestión o a algún pariente dentro de los límites mencionados anteriormente, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas como lo establece el artículo 70 de la ley 136 de 1994. Pérdida de investidura Destitución de los concejales ejercicio de sus funciones, después del vencimiento de una licencia o suspensión o de la cesación de las circunstancias que originaron una incapacidad legal o física transitoria. b) El haberse proferido en su contra sentencia condenatoria de carácter penal que se encuentre debidamente ejecutoriada, salvo en casos de delitos políticos o culposos diferentes a aquellos contra el patrimonio público. c) La inasistencia, en un mismo período de sesiones a más de tres (3) sesiones plenarias en las que se voten proyecto de acuerdo, sin que medie fuerza mayor. d) Por destinación ilegal de dineros públicos. Las cuales serán decretadas por la Procuraduría General de la Nación, que, una vez en firme, la remitirá al Presidente del concejo para lo de su competencia (Art. 61 de la Ley 136 de 1994). son causales específicas: a) La no incorporación injustificada al 15

Artículo 313, Constitución Política: Corresponde a los concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen Artículo 315, Constitución Política: Son atribuciones del alcalde: 6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo. 2. Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio. Igualmente los concejos municipales podrán invitar a los diferentes funcionarios del Orden Departamental, así como a los representantes legales de los organismos descentralizados y de los establecimientos públicos del orden nacional, con sedes en el respectivo departamento o municipio, en relación con temas de interés local. 3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo. 4. Autorizar al alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradoras locales algunas funciones administrativas distintas de las que dispone esta ley. 5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios. 16 Segunda parte Facultades y funciones de los concejos Expedición de acuerdos Normativa

6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley. 7. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. 8. Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. 10. Fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su servicio en la administración municipal. 11. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción comunal. 12. Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito. La empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda las solicitudes o citaciones del control especial emanadas de los Concejos Municipales o Distritales, será sujeto de investigación por parte de la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios. Esta adelantará de oficio o por petición de la corporación respectiva, una investigación administrativa e impondrá las sanciones procedentes establecidas por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales o Constitucionales procedentes. Parágrafo 1º. Los Concejos Municipales mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma y los medios como los municipios puedan otorgar los beneficios, establecidos en el inciso final del artículo 13, 46 y 368 de la Constitución Nacional. Parágrafo 2º. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. Parágrafo 3º. A través de las facultades concedidas en el numeral siete, no se autoriza a los municipios para gravar las rentas que el sector exportador haga al exterior. Parágrafo 4º. De conformidad con el numeral 3o. del artículo 313 e la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: 1. Contratación de empréstitos. 2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 5. Concesiones. 17

6. Las demás que determine la ley. Artículo 71, Ley 136 de 1994: Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente. Parágrafo 1º. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2º,3º, y 6º, del artículo 313 de la Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Parágrafo 2º. Serán de iniciativa del alcalde, de los concejales o por iniciativa popular, los proyectos de acuerdo que establecen la división del territorio municipal en comunas y corregimientos y la creación de Juntas Administradoras Locales. Artículo 73, Ley 136 de 1994: Para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse en dos debates, celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate. La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva. El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción. Artículo 76, Ley 136 de 1994: Aprobado en segundo debate un proyecto de acuerdo, pasará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al alcalde para su sanción. Artículo 81, Ley 136 de 1994: Sancionado un acuerdo, este será publicado en el respectivo diario, o gaceta, o emisora local o regional. La publicación deberá realizarse dentro de los diez días siguientes a su sanción. Artículo 83, Ley 136 de 1994: Las decisiones del Concejo que no requieran acuerdo se adoptarán mediante resoluciones y proposiciones que suscribirán la mesa directiva y el secretario de la corporación. 18

19 Artículo 72, Ley 136 de 1994: Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La presidencia del Concejo rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto pero sus decisiones serán apelables ante la corporación. Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que los sustentan. Artículo 77, Ley 136 de 1994: Para expresar sus opiniones, toda persona natural o jurídica, podrá presentar observaciones sobre cualquier proyecto de acuerdo cuyo estudio y examen se esté adelantando en alguna de las comisiones permanentes. La mesa directiva del Concejo dispondrá los días, horarios y duración de las intervenciones, así como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio de este derecho. Para su intervención el interesado deberá inscribirse previamente en el respectivo libro de registro que se abrirá para tal efecto. Con excepción de las personas con limitaciones físicas o sensoriales, las observaciones u opiniones presentadas deberán formularse siempre por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta del Concejo. Artículo 78, Ley 136 de 1994: El alcalde puede objetar los proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley y las ordenanzas. El Alcalde dispone de cinco días para devolver con objeciones un proyecto de no más de veinte artículos, de diez días cuando el proyecto sea de veintiuno a cincuenta artículos y hasta de veinte días cuando el proyecto exceda cincuenta artículos. Si el Concejo no estuviere reunido, el alcalde está en la obligación de convocarlo en la semana siguiente a la fecha de las objeciones. Este período de sesiones no podrá ser superior a cinco días. Artículo 79, Ley 136 de 1994, subrogado por el artículo 4 de la Ley 177 de 1994: Si la plenaria del Concejo rechazare las objeciones por inconveniencia, el Alcalde deberá sancionar el proyecto en un término no mayor de ocho (8) días. Si no lo sanciona, el Presidente de la Corporación procederá a sancionarlo y publicarlo. Artículo 80, Ley 136 de 1994: Si las objeciones jurídicas no fueren acogidas, el alcalde enviará dentro de los diez días siguientes, el proyecto acompañado de una exposición de motivos de las objeciones al Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el municipio. Si el Tribunal las considera fundadas, el proyecto se archivará. Si decidiere que son infundadas, el alcalde sancionará el proyecto dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación respectiva. Si el tribunal considera parcialmente viciado el proyecto, así lo indicará al Concejo para que se reconsidere.

20 Artículo 82, Ley 136 de 1994: Dentro de los cinco (5) días siguientes a la sanción, el alcalde enviará copia del acuerdo al gobernador del departamento para que cumpla con la atribución del numeral diez (10) del artículo 305 de la Constitución. La revisión no suspende los efectos de los acuerdos. Artículo 305, Ley 136 de 1994: Son atribuciones del gobernador: 10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez. Función, facultad y límite Función: dictar las normas locales y regular cómo se prestan los servicios del municipio. Facultad: aprobar acuerdos en dos debates (art. 313.1 y 313.10 C.P; arts 32 y 73, Ley 136/1994). Límite: no puede presentar por su cuenta los proyectos de iniciativa exclusiva del alcalde. Explicación Para que el Concejo pueda expedir normas locales, necesita de un paso a paso para que la decisión sea conocida, discutida y revisable, para esto entonces cuentan con: 1.Presentación: se radica el proyecto en la Secretaria del Concejo, con exposición de motivos y sobre una sola materia. Este proyecto lo pueden presentar diferentes autoridades territoriales o la ciudadanía por iniciativa popular. 2.Primer debate: se estudia y se vota en la comisión que corresponda al tema. 3.Luego del primer debate, deben de pasar tres días comunes y completos para tener el segundo debate. 4.Segundo debate: se vota en plenaria. Si se aprueba, la mesa directiva lo envía al alcalde dentro de 5 días hábiles; si se niega o no se aprueba, se archiva, y este solo se podrá volver a estudiar si su autor, otro concejal o el gobierno municipal así lo solicita. 5.Sanción u objeción: el Alcalde lo sanciona u objeta. 6.Publicación: se publica en la gaceta o diario oficial dentro de los diez días siguientes. 7.Revisión de la Gobernación: el Alcalde envía copia al gobernador dentro de los 5 días siguientes a la sanción. Acá se revisa si el acuerdo es compatible con la Constitución y la ley, y en caso de que sea contrario se remite al Tribunal Administrativo.

21 Los acuerdos que menciona el artículo 71 ya mencionado en los numerales 2 y 3, y el numeral 6 del artículo 313 son aquelos que solo pueden dictarse a iniciativa del alcalde. Es decir que, en esos casos el Concejo no puede presentar el proyecto por su cuenta, lo que hace es que lo estudia, lo modifica dentro de lo permitidos, lo aprueba o lo niega. Si una función normativa del municipio no dice si es del Alcalde o del Concejo, se entiendo del segundo siempre que no contraríe lo establecido en el Ordenamiento Jurídico. Planeación de desarrollo Normativa Artículo 313, Constitución Política: Corresponde a los concejos: 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. Artículo 315, Constitución Política: Son atribuciones del alcalde: 5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Artículo 3, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012: Corresponde al municipio: 2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios (UPRA), para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia. Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respecto y garantía de los Derechos Humanosy del Decreto Humanitario.

22 Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Artículo 74, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 21 de la Ley 1551 de 2012: El trámite y aprobación del plan de desarrollo municipal deberá sujetarse a lo que disponga la ley orgánica de planeación. En todo caso, mientras el concejo aprueba el plan de desarrollo, el respectivo alcalde podrá continuar con la ejecución de planes y programas del plan de desarrollo anterior. Artículos 39, Ley 152 de 1994: Para efecto de la elaboración del proyecto de plan, se observarán en cuanto sean compatibles las normas previstas para el Plan Nacional, sin embargo deberá tenerse especialmente en cuenta lo siguiente: 1. El Alcalde o Gobernador elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato. 2. Una vez elegido el Alcalde o Gobernador respectivo, todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que éstos designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario para la elaboración del plan. Los programas y proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán como prioridad el gasto público social y en su distribución territorial se deberá tener en cuenta el tamaño poblacional, el número de personas con necesidades básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 3. El Alcalde o Gobernador, presentará por conducto del secretario de planeación o jefe de la oficina que haga sus veces en la respectiva entidad territorial, a consideración del Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, el proyecto del plan en forma integral o por elementos o componentes del mismo. Dicho Consejo de Gobierno consolidará el documento que contenga la totalidad de las partes del plan, dentro de los dos (2) meses siguientes a la posesión del respectivo Alcalde o Gobernador conforme a la Constitución Política y a las disposiciones de la presente Ley. 4. Simultáneamente a la presentación del proyecto de plan a consideración del Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, la respectiva administración territorial convocará a constituirse al Consejo Territorial de Planeación.

23 5. El proyecto de plan como documento consolidado, será presentado por el Alcalde o Gobernador a consideración de los Consejos Territoriales de Planeación, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su posesión, para análisis y discusión del mismo y con el propósito de que rinda su concepto y formule las recomendaciones que considere convenientes. En la misma oportunidad, la máxima autoridad administrativa deberá enviar copia de esta información a la respectiva corporación de elección popular. 6. El respectivo Consejo Territorial de Planeación deberá realizar su labor antes de transcurrido un (1) mes contado desde la fecha en que haya presentado ante dicho Consejo el documento consolidado del respectivo plan. Si transcurriere dicho mes sin que el respectivo Consejo Territorial se hubiere reunido o pronunciado sobre la totalidad o parte del proyecto del plan, considerará surtido el requisito en esa fecha. Tanto los Consejos Territoriales de Planeación, como los Concejos y Asambleas, verificarán la correspondencia de los planes con los programas de gobierno que hayan sido registrados al momento de la inscripción como candidato por el Alcalde o Gobernador electo. Parágrafo: Las disposiciones de este artículo se aplicarán respecto de la máxima autoridad administrativa y corporación de elección popular de las demás entidades territoriales. Artículo 40, Ley 152 de 1994: Los planes serán sometidos a la consideración de la Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo período del Gobernador o Alcalde para su aprobación. La Asamblea o Concejo deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a su presentación y si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Gobernador o Alcalde podrá adoptarlos mediante decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el respectivo Gobernador o Alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente Asamblea o Concejo. Toda modificación que pretenda introducir la Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el caso. Artículo 45, Ley 152 de 1994: Los planes de las entidades territoriales de los diversos niveles, entre sí y con respecto al Plan Nacional, tendrán en cuenta las políticas, estrategias y programas que son de interés mutuo y le dan coherencia a las acciones gubernamentales. Si durante la vigencia del plan de las entidades territoriales se establecen nuevos planes en las entidades del nivel más amplio, el respectivo mandatario podrá presentar para la aprobación de la Asamblea o del Concejo, ajustes a su plan plurianual de inversiones, para hacerlo consistente con aquellos.

24 Función, facultad y límite Función: aprobar el programa que explica cómo se va a lograr el desarrollo del municipio durante el período de gobierno por medio de metas, proyectos y presupuesto. Facultad: aprobar por acuerdo el Plan de Desarrollo Municipal y sus modificaciones (art. 313.2, C.P; arts 40 y 45, Ley 152/1994) Límite: no puede presentar el proyecto, ni cambiar el plan sin aceptación del alcalde. Explicación Cada Alcalde llega con su programa de gobierno respectivo e inscrito, y lo que busca el Plan de Desarrollo es convertir ese programa en metas, proyectos y recursos para sus cuatro años de gobierno. Para esto, el programa es enviado al Consejo Territorial de Planeación para dar su concepto en un mes y, posteriormente, el Concejo lo recibe y verifica que las propuestas vayan acorde al programa de gobierno inscrito. El Concejo cuenta con un mes para decidir, donde además puede pedir cambios que para que se lleven a cabo el Alcalde los debe de aceptar, y si el mes se cumple, el Alcalde puede adoptar el plan por decreto. *El presupuesto debe corresponder al plan de desarrollo. Ordenamiento territorial Artículo 311, Constitución Política: Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Artículo 25, Ley 388 de 1997: El proyecto de plan de ordenamiento territorial, como documento consolidado después de surtir la etapa de la participación democrática y de la concertación interinstitucional de que trata el artículo precedente, será presentado por el alcalde a consideración del concejo municipal o distrital, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del concepto del Consejo Territorial de Planeación. En el evento de que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo deberá contar con la aceptación de la administración. Normativa

25 Artículo 313, Constitución Política: Corresponde a los concejos: 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Artículo 26, Ley 388 de 1997: Transcurridos sesenta (60) días desde la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial sin que el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto. Artículo 28, Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 120 del Decreto Ley 2106 de 2019: Los planes de ordenamiento territorial deberán definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su revisión, en concordancia con los siguientes parámetros: 1. El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que para este efecto se entenderá como el correspondiente a tres períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales. 2. Los contenidos de los componentes urbanos y rurales de mediano plazo tendrán una vigencia correspondiente al término de dos períodos constitucionales de las administraciones municipales. 3. Los contenidos urbanos y rurales de corto plazo y los programas de ejecución regirán durante un período constitucional completo de la administración municipal y distrital completo, habida cuenta de las excepciones que resulten lógicas en razón de la propia naturaleza de las actuaciones contempladas o de sus propios efectos. 4. Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana; la ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como en la evaluación de sus objetivos y metas del respectivo plan. No obstante, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo plan de ordenamiento territorial, seguirá vigente el ya adoptado. 5. Las autoridades municipales y distritales podrán revisar y ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial o sus componentes una vez vencido el período constitucional inmediatamente anterior.

26 En las revisiones de los Planes de Ordenamiento se evaluarán por los respectivos Alcaldes los avances o retrocesos, y se proyectarán nuevos programas para el reordenamiento de los usos de servicios de alto impacto referidos a la prostitución y su incompatibilidad con usos residenciales y dotacionales educativos. Artículo 3, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012: Corresponde al municipio: 9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años. Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo. 5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios. Artículo 29, Ley 1454 de 2011: Son competencias de la Nación y de las entidades territoriales en materia de ordenamiento de territorio, las siguientes: 4. Del Municipio a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio. b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes. c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Parágrafo 1º. La distribución de competencias que se establece en este artículo se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales y en coordinación con lo dispuesto por sus autoridades respectivas en los instrumentos locales y regionales de planificación.

27 Parágrafo 2º. Al nivel metropolitano le corresponde la elaboración de planes integrales de desarrollo metropolitano con perspectiva de largo plazo, incluyendo el componente de ordenamiento físico territorial y el señalamiento de las normas obligatoriamente genera1es que definan los objetivos y criterios a los que deben acogerse los municipios al adoptar los planes de ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los hechos metropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Áreas Metropolitanas. Artículo 19, Ley 1551 de 2012 Modifíquese el parágrafo del artículo 4 de la Ley 1148 de 2007 así: Parágrafo. El Subsidio Familiar de Vivienda de que trata el presente artículo es un aporte estatal en dinero y/o especie que se otorga por una sola vez a un hogar beneficiario, sin cargo de restitución por parte de este, para la adquisición de vivienda urbana y/o rural y puede ser complementario de otros subsidios de carácter municipal o departamental. En el marco del principio de la eficiencia de la inversión pública, los subsidios municipales de vivienda se podrán orientar a la vivienda autogestionaria con las organizaciones de acción comunal y de vivienda comunitaria. Función, facultad y límite Función: decidir cómo se usa y se ordena el territorio municipal. Facultad: estudiar y aprobar el POT y sus revisiones; reglamentar los usos del suelo; vigilar y controlar la construcción y venta de vivienda dentro de los límites de la ley; determinar la nomenclatura de vías y predios (art 313.7, C.P; arts 25 y 26, Ley 388/1997; art 32.1 y 32.5, Ley 136/1994) Límite: no elabora ni presenta el POT. Explicación El POT es pensado para establecer y destinar lo que se va a hacer en cada zona a largo, mediano y corto plazo. Si al terminar su vigencia no hay un plan nuevo, sigue vigente el anterior. 1.El alcalde lo elabora y lo pone en común como las entidades y personas que la ley indica, y recibe el concepto del Consejo Territorial de Planeación. 2.Dentro de los 30 días siguientes lo presenta al Concejo, donde se estudia y se vota. 3.Para realizar alguna modificación, la administración lo debe de aceptar. 4.Si pasan 60 días desde la presentación sin que se decida, el alcalde puede adoptarlo por decreto.

28 La ley 136 de 1994 establece que el POT lo revisa el Concejo cada 12 años, la cual sigue el mismo procedimiento del plan original. Y los alcaldes pueden revisar y ajustar el plan una vez vencido el período constitucional anterior. Además, el Concejo: Reglamenta cómo se usa cada zona Vigila y controla la construcción y venta de vivienda Decide como se nombran y numeran las calles, carreras, barrios y predios, es decir, las direcciones oficiales. Dicta reglas de convivencia Presupuesto, tributos y beneficios tributarios Artículo 313, Constitución Política: Corresponde a los concejos: 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Artículo 353, Constitución Política: Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Normativa

29 Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley. 9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. 10. Fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su servicio en la administración municipal. Parágrafo 1º: Los Concejos Municipales mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma y los medios como los municipios puedan otorgar los beneficios, establecidos en el inciso final del artículo 13, 46 y 368de la Constitución Nacional. Parágrafo 3º: A través de las facultades concedidas en el numeral siete, no se autoriza a los municipios para gravar las rentas que el sector exportador haga al exterior. Artículo 23, Ley 136 de 1994: Los concejos de los municipios clasificados en categorías Especial, Primera y Segunda, sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio y máximo una vez por día, seis meses al año, en sesiones ordinarias así: a) El primer periodo será en el primer año de sesiones, del dos de enero posterior a su elección, al último día del mes de febrero del respectivo año. El Segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el primero de marzo y el treinta de abril; b) El Segundo período será del primero de junio al último día de julio; c) El tercer período será del primero de octubre al treinta de noviembre, con el objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal. Los concejos de los municipios clasificados en las demás categorías, sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio, cuatro meses al año y máximo una vez (1) por día así: febrero, mayo, agosto y noviembre. Si por cualquier causa los concejos no pudieran reunirse ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del período correspondiente. Parágrafo 1º. Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez días calendario más, a voluntad del respectivo Concejo. Parágrafo 2º. Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración.

30 Parágrafo 3º. Cuando la Presidencia de la Corporación, por acto motivado declare que, por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que algunos miembros de los Concejos Municipales y Distritales concurran a su sede habitual, podrán participar de las sesiones de manera no presencial. Para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los Concejales. En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en los mismos términos establecidos en el presente artículo. Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos, o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las decisiones de los Concejos Municipales y Distritales. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Cada Concejo deberá expedir un acto administrativo que especifique los requisitos que debe cumplir para el uso de estos medios. El personero servirá como veedor y verificará el uso proporcional, justificado y adecuado de los medios tecnológicos. Los actos administrativos que autoricen la concurrencia de algún concejal a las sesiones de manera no presencial, deberán ser comunicados al personero dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición. Artículo 338, Constitución Política: En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

31 Artículo 287, Constitución Política: entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 150, Constitución Política: Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Artículo 294, Constitución Política: La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317. Artículo 32, Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley. 9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. 10. Fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su servicio en la administración municipal. Parágrafo 1º. Los Concejos Municipales mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma y los medios como los municipios puedan otorgar los beneficios, establecidos en el inciso final del artículo 13, 46y 368de la Constitución Nacional. Parágrafo 3º. A través de las facultades concedidas en el numeral siete, no se autoriza a los municipios para gravar las rentas que el sector exportador haga al exterior. Decreto 111 de 1996 es el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que fija las reglas del sistema presupuestal.

32 Función, facultad y límite Presupuesto Anual Función: decidir en qué se usa el dinero público y con qué ingresos cuenta. Facultad: dictar las normas de presupuesto y aprobar cada año el presupuesto de rentas y gastos; fijar un rubro para capacitar a los empleados de la alcaldía (art 313.5, C.P; art 32.9. y 32.10, Ley 136/1994). Límite: no lo presenta. Tributos Función: conseguir recursos propios para financiar lo que el municipio necesita. Facultad: establecer, reformar o eliminar impuestos, contribuciones y sobretasas según la Ley (arts 313.4. y 338, C.P; art 32.6, Ley 136/1994). Límite: no puede crear un tributo que la ley no autorice, ni mantener los que ya derogaron. Tampoco puede gravar las rentas del sector exportador al exterior. Beneficios tributarios Función: apoyar a contribuyentes en situaciones justificadas sin poner en riesgo las finanzas. Facultad: crear beneficios por acuerdo, a iniciativa del alcalde y según los límites que establece la ley como excepciones y justificaciones (art 32 par. 1, Ley 136/1994). Límite: no puede darlos sin estudio de impacto fiscal ni justificación jurídica. Artículo 7, Ley 819 de 2003: En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.

33 Explicación Presupuesto Anual Es el cálculo de cuánto dinero va a entrar al municipio y en qué y cómo se va a gastar durante el año, sin poder gastar en algo que el presupuesto no tenga. El Concejo: Dicta las normas orgánicas de cómo se elabora, aprueba y ejecuta el presupuesto, según el Estatuto Orgánico del Presupuesto y el artículo 353 de la Constitución Política. Aprueba el presupuesto anual que prepara y presenta el Alcalde, que debe corresponder al plan de desarrollo. Fija un rubro para capacitar al personal de la administración municipal. Tributos Los impuestos del predial, industria y comercio y similares los vota el Concejo a partir de la Ley del Congreso que autoriza el tipo de tributo y sus elementos básicos. Una vez se votan y estudian, el Concejo concreta para el municipio los tributos por medio de acuerdo que establezca quien cobra, quien paga, que hecho genera el impuesto, sobre que base y a que tarifa. Beneficios tributarios Son descuentos por pronto pago, plazos o amnistías que se dan para que los constribuyentes se pongan al día cuando la ley lo permite y bajo sus límites. Antes de que algún beneficio se apruebe, el proyecto debe mostrar cuanto cuesta y de donde saldrá el dinero para compensarlo, y ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Si no hay análisis fiscal ni justificación jurídica, el acuerdo atenta contra los principios tributarios. *Para los subsidios de personas en debilidad manifiesta, adultos mayores o servicios públicos de menores ingresos, es iniciativa del alcalde y se establecen por medio de acuerdo.

34 Autorizaciones al alcalde Artículo 313, Constitución Política: Corresponde a los concejos: 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo. Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo. Parágrafo 4º. De conformidad con el numeral 3o. del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: 1. Contratación de empréstitos. 2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 5. Concesiones. 6. Las demás que determine la ley. Artículo 315, Constitución Política: Son atribuciones del alcalde: 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Ley 358 de 1997: Esta ley reglamenta el artículo 364 de la Constitución sobre el endeudamiento. Establece cual es la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales, sus límites y sus criterios. Normativa

35 Artículo 12, Ley 819 de 2003: En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1o de esta ley; b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. Artículo 1, Ley 1483 de 2011: En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.

36 b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5 de la Ley 819 de 2003. c) Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003. Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. Parágrafo 1º: En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde; excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema General de Participaciones. Parágrafo 2º: El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma.

37 Artículo 40, Ley 80 de 1993: Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley. Parágrafo. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. Función, facultad y límite Contratación Función: controlar que los compromisos más grandes del municipio sean conocidos y aprobados democráticamente. Facultad: reglamentar la autorización del alcalde para contratar y autorizarlo en los casos del parágrafo 4 del artículo 32 mencionado (Art. 313.3, C.P.). Límite: esta autorización no puede ser general e indeterminada. *No puede determinar sobre los casos que no menciona la ley, porque eso es facultad del alcalde. Empréstitos Función: evitar que el municipio se endeude más de lo que puede pagar. Facultad: autorizar la operación cuando la ley o el estatuto de presupuesto lo exigen, respetando la capacidad de endeudamiento (Ley 358 de 1997). Límite: si esta capacidad se excede, no puede autorizar.

38 Explicación Vigencias futuras ordinarias Función: evitar que el municipio comprometa dinero de años futuros sin respaldo. Facultad: autorizar por acuerdo, a iniciativa del alcalde y con aprobación previa del CONFIS territorial (Art. 12, Ley 819). Límite: no puede realizarse en el último año de gobierno ni puede ser genérica. Vigencias futuras excepcionales Función: permitir compromisos grandes en sectores estratégicos. Facultad: autorizar por acuerdo, sin apropiación en el año de la autorización, solo en los sectores que enumera la ley (Art. 1, Ley 1483). Límite: no puede realizarse en el último año de gobierno salvo las excepciones existentes. Contratación El alcalde contrata por sí mismo. Solo necesita autorización del concejo en los casos que la ley exige, y esa autorización debe ser específica y determinada. Empréstitos Es un crédito que contrae el municipio. Antes de autorizarlo, el concejo debe verificar que el municipio pueda pagarlo según la capacidad de endeudamiento de mide la Ley 358 de 1997. Vigencias futuras Ordinarias Las vigencias futuras ordinarias existen para que, en los casos que se pueda y el municipio lo necesite, se pueda comprometer el presupuesto de años que todavía no han pasado, para que se lleve cada proyecto. Para que estas vigencias se puedan dar, deben de seguir los siguientes pasos. 1.Iniciativa del alcalde, con visto nuevo del CONFIS municipal. 2.acuerdo del Concejo. 3.Verificar que el proyecto se encuentre en el plan de desarrollo. 4.Verificar que ya exista al menos el 15% del valor asegurado en el presupuesto del año en curso. 5.Que el proyecto no pase del período de gobierno. 6.Que no se apruebe en el último año de gobierno del alcalde. Vigencias futuras Excepcionales A diferencia de las Ordinarias, estas se autorizan sin tener dinero aprobado en el año en curso. Solo son permitidas para obras o gasto social en infraestructura, energía, comunicaciones, educación, salud, agua potable y saneamiento básico que ya esrén viabilizados en el banco de proyectos.

39 Artículo 313, Constitución Política: Corresponde a los concejos: 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo. Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 4. Autorizar al alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradoras locales algunas funciones administrativas distintas de las que dispone esta ley. Artículo 34, Ley 136 de 1994: El Concejo podrá delegar en las Juntas Administradoras Locales parte de las competencias que le son propias, conforme a las siguientes normas generales: a) La delegación se hará con el fin de obtener un mayor grado de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios. En todo caso, dichas competencias están subordinadas al plan de desarrollo del municipio; b) No se podrán descentralizar servicios ni asignar responsabilidades, sin la previa destinación de los recursos suficientes para atenderlos. Artículo 91, Ley 136 de 1994: Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan vigencia. Facultades pro tempore, delegación y facultades vencidas Normativa

40 Función, facultad y límite Facultades pro tempore Función: darle al alcalde, por un tiempo y para fines concretos, funciones que originalmente son del concejo. Facultad: autorizar al alcalde por acuerdo, lo que se puede autorizar (Art. 313.3, C.P; art. 71 par.1, Ley 136). Límite: solo autoriza funciones precisas, con fecha de vencimiento. Delegación del alcalde en subalternos o juntas administradoras locales Función: descongestionar la administración local. Facultad: autorizar al alcalde a delegar funciones administrativas distintas de las que la Ley 136 dispone (Art. 32.4). Límite: solo sobre funciones administrativas, y distintas de las que dispone la ley. Delegación del concejo en las juntas administrativas locales Función: acercar la decisión a la comunidad. Facultad: delegar parte de sus competencias delegables (Art. 34, Ley 136). Límite: debe de estar subordinada al plan de desarrollo y no pueden asignar competencias indelegables. Explicación Las facultades pro tempore están diseñadas para que el concejo le otorgue al alcalde facultades específicas y por tiempo determinado. Estas deben de ser precisas y posibles para delegación, y una vez se cumple el plazo se vuelven facultades vencidas. En la delegación, es el alcalde el encargado de delegar funciones administrativas en sus subalternos o en las juntas administrativas locales cuando el concejo lo autoriza.

41 Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. Parágrafo 4º. De conformidad con el numeral 3o. del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: 3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. Ley 9 de 1989: por medio de esta ley se regulan los planes de desarrollo municipal, la compraventa y la expropiación de bienes. Define el espacio público y las maneras que tienen las entidades para adquirir inmuebles. Bienes inmuebles Normativa Función, facultad y límite Función: cuidar el patrimonio público del municipio. Facultad: autorizar al alcalde para vender o comprar bienes inmuebles, y para vender activos, acciones y cuotas partes (Art. 32.3, 32.4, 32. par.4 Ley 136). Límite: esta autorización debe de ser expresa y específica, y tampoco puede declarar bienes de utilidad pública. Explicación Enajenar se trata de transferir la propiedad, ya sea por la venta, la permuta o la donación. Cuando el municipio enajena o deja de enajenar un bien, esto es algo que afecta a la comunidad, al tratarse de un bien público. Por eso, la ley exige que el concejo de la autorización, y diga sí o no, antes de que el alcalde firme dicho proceso. El Concejo estudia la solicitud del alcalde y decide con un acuerdo concreto y determinado.

42 Artículo 313, Constitución Política: Corresponde a los concejos: 6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Artículo 315., Constitución Política: Son atribuciones del alcalde: 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos. 7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Artículo 4, Ley 4 de 1992: Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2, el Gobierno Nacional cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados. Artículo 10, Ley 4 de 1992: Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. Estructura administrativa, empleo y salarios Normativa

43 Artículo 12, Ley 4 de 1992: El régimen prestacional de los servidores públicos de la entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. Parágrafo: El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional. Artículo 71, Ley 136 de 1994: Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente. Parágrafo 1. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del Artículo 313 de la Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Función, facultad y límite Función: organizar la administración municipal. Facultad: a partir de la iniciativa del alcalde, definir la estructura de la administración y las funciones de sus dependencias; fijar las escalas de remuneración; crear establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales; autorizar sociedades de economía mixta (Art. 313.6, C.P.). Límite: no es el encargado de presentar el proyecto; no fija prestaciones sociales; las escalas deben de respetar el límite salarial que fija el Gobierno; no crea empleos concretos ni nombra a quien los va a ocupar. Explicación El Concejo es el encargado de decidir qué secretarías, qué dependencias existen y qué hace cada una y, es el encargado de aprobar la escala de salarios. Todo esto lo hace únicamente cuando el alcalde presenta el proyecto. Este segundo, es el encargado de crear, suprimir o fusionar los empleos concretos de sus dependencias. Les fija funciones especiales y sus emolumentos con arreglo a los acuerdos, y nombra y remueve a las personas. Solo no puede crear obligaciones que superen el monto global de gastos de personal del presupuesto aprobado, ni suprimir o fusionar entidades y dependencias, que también le corresponde al alcalde, pero de acuerdo con lo que el concejo haya aprobado. Sobre las dependencias del alcalde: el concejo define su estructura y sus funciones. Si el alcalde necesita una secretaría nueva, lo propone y el concejo lo aprueba.

44 Sobre los salarios: el concejo aprueba las escalas por categoría de empleo, dentro del límite máximo que fija el Gobierno Nacional cada año. Sobre las entidades descentralizadas: el concejo crea establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del municipio, solo a iniciativa del alcalde. Los salarios los define el concejo dentro del tope, pero las prestaciones sociales las fija el Gobierno Nacional. Así mismo, el concejo no crea el Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) ni el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM). Artículo 5, Acto Legislativo 1, que modifica el artículo 312 de la Constitución: El artículo 312 de la Constitución Política de Colombia quedará así: En cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal. La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones. Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta. Artículo 2, Ley 974 de 2005: Los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior de las corporaciones públicas en todos los temas que los Estatutos del respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan como de conciencia. Control político Normativa

45 Artículo 313, Constitución Política, numerales adicionados por el Acto Legislativo 1 de 2007: Corresponde a los concejos: 11. En las capitales de los departamentos y los municipios con población mayor de veinticinco mil habitantes, citar y requerir a los secretarios del despacho del alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Distrital o Municipal, este podrá proponer moción de censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del concejo. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. Los concejos de los demás municipios, podrán citar y requerir a los Secretarios del Despacho del Alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Distrital o Municipal, cualquiera de sus miembros podrá proponer moción de observaciones que no conlleva al retiro del funcionario correspondiente. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la corporación. 12. Proponer moción de censura respecto de los Secretarios del Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Distrital o Municipal. La moción de censura deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros que componen el Concejo Distrital o Municipal. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la Corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo.

46 Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 2. Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio. 12. Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito. Artículo 38, Ley 136 de 1994: Corresponde al Concejo ejercer función de control a la administración municipal. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas así como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario. Artículo 312, Constitución Política: En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo determine la ley, de acuerdo con la población respectiva. La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones. Su aceptación de cualquier empleo público, constituye falta absoluta.

47 Función, facultad y límite Función: vigilar a la administración municipal y exigirle cuentas. Facultad: pedir informes escritos; citar a secretarios, jefes de departamento administrativo, representantes de entidades descentralizadas, personero y contralor; citar a control especial a las empresas de servicios públicos domiciliarios (Art. 32.2, 32.12, 32.38, Ley 136/1994). Límite: no puede citar al alcalde por esta vía y las citaciones deben ser con mínimo cinco día de anticipación y por escrito. Función: sancionar el incumplimiento o la mala gestión de un secretario del despacho. Facultad: moción de censura (capitales y municipios de más de 25.000 habitante) o moción de observaciones (Art. 313.11 y 313.12, C.P.). Límite: la censura exige que la proponga la mitad más uno de los concejales y que apruebe el voto de las dos terceras partes, al igual que las observaciones. Explicación El Concejo, es el encargado de vigilar, revisar y cuestionar a la alcaldía sobre cómo se está gobernando y qué se está haciendo con lo público. Puede solicitar informes a cualquier autoridad municipal sobre asuntos propios de su cargo. Citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes de entidades descentralizadas, personero y contralor a debates de control, con al menos cinco días de anticipación y con un cuestionario escrito. Si el agua, la energía o el aseo fallan, el concejo puede llamar a los representantes legales de esas empresas para una citación. Si un secretario no va a la citación sin excusa aceptada, o si el concejo considera que actúa mal en sus funciones, hay una consecuencia formal, como la moción de censura y la moción de observaciones.

48 Artículo 313, Constitución Política: Corresponde a los concejos: 8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine. Artículo 35, Ley 136 de 1994: Los concejos se instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación. En los casos de faltas absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias que para el efecto convoque el alcalde. Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso. Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 8. Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. Artículo 21, Ley 617 de 2000: El Artículo 156 de la Ley 136 de 1994, quedará así: "Artículo 156: Creación y supresión de contralorías distritales y municipales. Únicamente los municipios y distritos clasificados en categoría especial y primera y aquellos de segunda categoría que tengan más de cien mil (100.000) habitantes, podrán crear y organizar sus propias contralorías. Las contralorías de los municipios y distritos a que se refiere el inciso anterior deberán suprimirse cuando se establezca la incapacidad económica del municipio o distrito para financiar los gastos de funcionamiento del órgano de control fiscal, refrendada por la Contaduría General de la Nación. Parágrafo: En los municipios o distritos en los cuales no haya contraloría municipal, la vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva contraloría departamental. En estos casos no podrá cobrarse cuota de fiscalización u otra modalidad de imposición similar a los municipios o distritos. Función electoral y órganos de control Normativa

49 Parágrafo transitorio: El 31 de diciembre del año 2000 las contralorías que funcionan en los municipios o distritos de categoría 2, distintas a las autorizadas en el presente Artículo 3, 4, 5 y 6 quedarán suprimidas. Vencido el término señalado en el presente Parágrafo, no podrá ordenarse gasto alguno para financiar el funcionamiento de las contralorías de estos municipios o distritos, salvo los necesarios para su liquidación". Función, facultad y límite Función: escoger a quienes ejercen controles independientes. Facultad: elegir al personero y a los demás funcionarios que la ley le asigne (Art. 313.8, C.P; Art. 35, Ley 136/1994). Límite: no se puede elegir a parientes de los concejales ni de quienes participen en la designación. Función: organizar las oficinas. Facultad: organizar a la personería y la contraloría, y dictar las normas para su funcionamiento (Art. 32.8, Ley 136/1994). Límite: los municipios de categoría especial, primera o segunda con más de 100.000 habitantes, son los únicos que pueden tener contraloría propia. Y, donde no la hay la vigilancia se da por la contraloría departamental, sin cobrar cuota de fiscalización. Explicación Como el Concejo, los personeros y contralores se encargan de vigilar, por lo que es este primero el encargado de escoger y determinarlos. Personero: lo elige en los primeros diez días de enero del año que empieza el período del concejo, con fecha señalada tres días antes. Si el cargo queda vacante después, elige a quien lo reemplace solo por el tiempo que falta. Contralor: solo en los municipios que la ley autoriza (categoría especial, primera y segunda con más de 100.000 habitantes). En los demás, la vigilancia fiscal la hace la contraloría del departamento. Organizar las oficinas: dicta las normas para que la personería y la contraloría funcionen, pero siguen siendo independientes del Concejo.

50 Artículo 313, Constitución Política: Corresponde a los concejos: 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Artículo 72, Constitución Política: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 7. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. Artículo 7, Ley 397 de 1997: A partir de la vigencia de la presente ley, el Consejo de Monumentos Nacionales se denominará Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y será el órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación. b) Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural. Créanse los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural en cada uno de los departamentos, los cuales cumplirán respecto del patrimonio cultural del ámbito territorial y de los bienes de interés cultural del ámbito departamental, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, funciones análogas al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural; c) Consejos Distritales de Patrimonio Cultural. Créanse los Consejos Distritales de Patrimonio Cultural en cada uno de los Distritos, los cuales cumplirán respecto del patrimonio cultural y bienes de interés cultural del ámbito distrital, funciones análogas al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Patrimonio cultural y ecológico Normativa

51 Parágrafo 1º: La composición de los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural será definida por las autoridades departamentales y distritales, según el caso. Para el efecto se considerarán las características del patrimonio cultural en el respectivo Departamento o Distrito y se dará participación a expertos en el campo del patrimonio mueble e inmueble, en el del patrimonio cultural inmaterial, y a las entidades públicas e instituciones académicas especializadas en estos campos. En todo caso, cuando en una determinada jurisdicción territorial haya comunidades indígenas o negras asentadas, se dará participación al menos a un representante de las mismas. Artículo 11, Ley 397 de 1997: Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente Régimen Especial de Protección: 1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien como de interés cultural incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera de conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo. Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes. Para bienes muebles se indicará el bien o conjunto de bienes, las características del espacio donde están ubicados, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes. El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional el contenido y requisitos de los Planes Especiales de Manejo y Protección y señalará, en dicha reglamentación, qué bienes de interés cultural de la Nación, de los declarados previamente a la expedición de la presente ley, requieren de adopción del mencionado Plan y el plazo para hacerlo.

52 Artículo 2.5.2.2., Decreto 1080 de 2015: Habrá una LRPCI a que se incorporarán las manifestaciones del PCI relevantes en el ámbito nacional. Esta LRPCI del ámbito nacional se conformará y será administrada por el Ministerio de Cultura. De conformidad con la Ley 397 de 1997, adicionada por la Ley 1185 de 2008, los municipios y distritos por intermedio del alcalde, los departamentos por intermedio del gobernador, la autoridad de comunidad negra de que trata la Ley 70 de 1993 y la autoridad de comunidad indígena reconocida según las leyes y reglamentaciones pertinentes podrán conformar y administrar una lista representativa de patrimonio cultural inmaterial con las manifestaciones que en sus correspondientes territorios tengan especial relevancia para la respectiva comunidad. Parágrafo 1. En ningún caso habrá más de una LRPCI en cada uno de los ámbitos de competencia descritos. Parágrafo 2. Sin perjuicio de la pluralidad de listas que podrán conformarse y administrarse, cuando el presente decreto se refiere, en singular, a la LRPCI, se entiende que la respectiva regulación o reglamentación será aplicada a la lista del correspondiente ámbito nacional, departamental, municipal, distrital o de las autoridades descritas en este artículo. Parágrafo 3: Por tratarse de un sistema público de información, las diversas instancias competentes promoverán que su respectiva LRPCI se encuentre actualizada, publicada y puesta en conocimiento de la correspondiente comunidad. Las entidades territoriales y las autoridades competentes deberán enviar antes del 30 de junio de cada año al Ministerio de Cultura, por medios físicos o electrónicos, sus respectivas listas actualizadas. Función, facultad y límite Función: proteger el patrimonio cultural y ecológico del municipio. Facultad: dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa de ese patrimonio y velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural (Art. 313.9, C.P; Art. 32.7, Ley 136/1994). Límite: no puede declarar bienes de interés cultural sin el procedimiento que exige la ley, ni sin medidas reales de protección. Tampoco pueden desconocer la valoración técnica del Ministerio de Cultura y de los consejos de patrimonio.

53 Explicación El patrimonio es lo que diferencia al municipio de los demás, por esto, el Concejo tiene el deber de cuidar de este patrimonio y su herramienta principal para esto son los acuerdos, para establecer las normas locales que regulan como se controla, se conserva y se defiende ese patrimonio. Patrimonio cultural material: dicta normas locales de protección y vela por su conservación. Para que un bien sea de interés cultural hay un procedimiento nacional que trae un Plan Especial de Manejo y Protección. Patrimonio cultural inmaterial: la lista municipal de manifestaciones relevantes la conforma y administra el alcalde con las comunidades, y el concejo respalda con normas locales y recursos. Patrimonio ecológico: dicta las normas necesarias para su control, preservación y defensa, siempre en coordinación con la autoridad ambiental y con los usos del suelo definidos en el plan de ordenamiento territorial. Artículo 32, Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 11. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción comunal. Artículo 3, Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012: Corresponde al municipio: Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; 3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal. 5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad con el artículo 1 o, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. Participación ciudadana y asociatividad Normativa

54 6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de los mecanismos de integración dispuestos en la ley. 16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, los municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo. 17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá construirse de manera concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de desarrollo. 18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción comunal y otros organismos comunitarios. arágrafo 1. Las políticas, planes, programas y proyectos con destino al fortalecimiento de los cabildos, de las autoridades y organizaciones indígenas y de los organismos de acción comunal se formularán en concertación con ellas. Parágrafo 3. Entiéndase por convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades. Parágrafo 4. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Para la ejecución de estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad. El organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y reconocido ante los organismos competentes.

55 Función, facultad y límite Función: acercar las decisiones públicas a la ciudadanía y fortalecer las organizaciones comunales. Facultad: garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción comunal; recibir las iniciativas normativas populares que la ley le atribuye; realizar sesiones abiertas (Art. 32, Ley 136/1994). Límite: no puede convocar por su cuenta el cabildo abierto porque es de origen popular, ni puede imponer políticas a las organizaciones comunales. Función: facilitar la cooperación con las organizaciones y otros territorios. Facultad: autorizar por acuerdo, a solicitud del alcalde, la participación del municipio en esquemas asociativos y los convenios que exija la ley. Límite: los convenios los celebra el alcalde, y aquellos que son solidarios con juntas de acción comunal, solo proceden hasta la mínima cuantía y con organismos legalizados. Explicación La ley le pide al Concejo acercarse a sus ciudadanos por medio de diferentes estrategias. La primera consiste en abrir el debate a la gente, donde, se realizan sesiones abiertas y atienden las iniciativas que presenta la ciudadanía, y es la misma la que convoca al cabildo abierto. El Concejo también puede acercarse desde el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y otras organizaciones, contando con los planes anuales del alcalde del momento y el fortalecimiento ahí establecido para aprobar ese presupuesto y garantizar que se hizo por medio de un acuerdo común entre las partes. Por último, el municipio puede aliarse con el sector privado, las comunidades y los demás municipios, por medio de la autorización del Concejo por acuerdo.